La futura Lei de Servizos Sociais no obligará a los concellos a aportar un 7% para su financiación
La Xunta aprobó el proyecto de ley, que crea la tarjeta social gallega
El Consello de la Xunta aprobó el proyecto de Lei de Servizos Sociais, en el que finalmente no figura la obligatoriedad para los concellos de que destinen un 7 por ciento de su presupuesto a estos servicios. Así, aunque el objetivo de alcanzar "a medio prazo" este porcentaje por parte de todas las Administraciones figura en el preámbulo, no aparece ninguna cifra en el articulado, y los concellos tendrán que financiar sólo lo que les corresponda por sus competencias. De esta manera, se elimina el principal punto de discrepancia con los concellos, que a través de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) manifestaron su oposición a este requisito. Esta nueva ley, que aún tendrá que pasar por el trámite parlamentario antes de ser aprobada, fue calificada por el presidente de la Xunta, como el texto "máis importante" de la legislatura en materia de social, porque será el marco normativo para desarrollar el Sistema Galego de Benestar. Además, destacó que supondrá "superar a visión asistencialista" para pasar a establecer un catálogo de servicios que "poderán ser esixidos como dereitos polos usuarios". Con este objetivo, recoge la creación de una tarjeta social gallega, un expediente único y un profesional de referencia para cada usuario. Se trata de una "equiparación, salvando as distancias", según Touriño, con la tarjeta sanitaria, el historial clínico y el médico de cabecera. A esta misma equiparación con el sistema de sanitario recurrió el presidente de la Xunta a la hora de hablar de financiación, ya que aclaró que serán los presupuestos del Gobierno gallego "os que proveerán as cantidades necesarias para o cumprimento dos gastos derivados das súas competencias en materia servizos sociais", de una manera "exactamente igual que o sistema de saúde e o educativo" al tratarse también de un "sistema universal". Touriño manifestó que se trata de "o normal e habitual que di calquera lei semellante a esta", con los concellos contribuyendo "na parte que lles corresponde", para lo que se fijarán unos servicios sociales mínimos que deberán quedar garantizados en todos los municipios. Las fuentes de financiación se completan con la posibilidad de establecer precios públicos, y las aportaciones de entidades privadas. Sobre la previsión económica que hace el Ejecutivo para la aplicación de esta ley, Touriño remitió a la memoria económica de la misma, a su concreción en los presupuestos anuales, y al Plan estratéxico de Servizos Sociais, que tendrá que elaborar la Xunta cada seis años, como instrumento más relevante de planificación. Revisión de la risga Asimismo, se establece la obligación de que en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la Lei de Servizos Sociais, la Xunta procederá a la revisión de la renta de integración social de Galicia, conocida como risga, a través de la elaboración de un nuevo proyecto de ley para su regulación que se remitirá al Parlamento. También recoge la creación de diversos mecanismos de control y participación, como el Consello Galego de Benestar, dentro del cual estará el Observatorio Galego de Servizos Sociais, y la constitución de Mesa de Servizos Sociais como espacio de diálogo institucional con los agentes sociales. Los nuevos organismos se completan con la Axencia Galega de Servizos Sociais, que tendrá la función de propiciar una gestión más ágil y eficiente de los recursos. Además, habrá una Comisión Interdepartamental para coordinar las actuaciones de los distintos departamentos del Gobierno gallego que incidan en la mejora del bienestar de la ciudadanía. La futura normativa establecerá las áreas sociales como las unidades territoriales de referencia para planificar los servicios, de manera que se garantice una distribución equilibrada de los recursos y la igualdad de oportunidades de acceso a los mismos. Los servicios se estructurarán en forma de red, en dos niveles de atención, los servicios comunitarios, que comprenden los básicos y los específicos, y los especializados. En este sentido, se prevé la aprobación de un mapa gallego de servicios, en el que se definirán las áreas y se establecerán los criterios de dotación de los centros en todo el territorio. Podrán acceder a los servicios sociales gallegos todos los ciudadanos de la UE empadronados en un concello de Galicia, así como los emigrantes y sus descendientes que retornen, los inmigrantes, y todas aquellas personas que se encuentren en estado de necesidad o emergencia social o humanitaria. Multas El texto legislativo recoge un apartado de infracciones y sanciones, tanto para las personas usuarias como para los centros prestadores de servicios. Las multas podrán llegar hasta los 600.000 euros y conllevar la prohibición de acceder a financiación pública de la Xunta durante un período de entre uno y cinco años, la inhabilitación profesional, la suspensión de la actividad y el cierre definitivo del centro, en el caso de infracciones muy graves. Las infracciones leves tendrán una sanción de entre 1.000 y 3.000 euros, y las graves, de 3.001 a 15.000 euros. En todo caso, si el beneficio que resulte de la comisión de una infracción es superior a la multa, esta podrá ser incrementada. También se contemplan indemnizaciones para las personas usuarias afectadas por la infracción.