Los funcionarios gallegos pueden llegar a ganar hasta 3.000 euros menos que los de otras comunidades

La desigualdad de sueldos no sólo se percibe entre los asalariados de la empresa privada en las distintas autonomías, sino también entre los empleados públicos. Prueba de ello es que los funcionarios gallegos mejor cualificados ganan una media de 30.368 euros anuales frente a los 33.800 que perciben los que trabajan para la Administración General del Estado, es decir, hasta 3.432 euros menos. Así lo confirma un informe elaborado por la Unión Sindical Obrera (USO). En él se revela, además, que los funcionarios gallegos se encuentran entre los peor pagados de España ya que, a pesar de que los salarios base de los empleados públicos son estipulados por los Presupuestos Generales del Estado (PGE), las autonomías tienen potestad para regular algunos suplementos, como el complemento específico o el de destino. Esta competencia desemboca en significativas diferencias salariales casi siempre beneficiosas para los funcionarios de comunidades 'ricas' como el País Vasco, que se encuentran entre los mejores pagados, independientemente de su categoría profesional. En la línea se sitúan Madrid o Cantabria al igual que las Islas Canarias y Baleares, que marcan la diferencia en los grupos A (titulados superiores) y B (titulados medios) por su suplemento de destino, mayor que en la península. En el polo opuesto, Galicia se sitúa a la cola en casi todos los segmentos. De hecho, sus altos funcionarios son los terceros que menos cobran, con una retribución media anual (30.368 euros) que sólo supera a los asturianos (28.364 euros) y extremeños (28.184 euros). Así, un titulado superior de la Xunta puede cobrar casi 9.000 euros menos al año que su homólogo canario; 7.000 menos que un alto funcionario vasco; o 5.000 menos que un titulado superior que trabaje para el Gobierno de Madrid. La situación se repite en las escalas más bajas de la Administración correspondientes al Grupo D (auxiliares de la Administración) y al Grupo E (ordenanzas y subalternos), donde los empleados públicos de la comunidad, con unos salarios medios anuales de 19.032 y 14.248 euros, respectivamente, son los terceros peor pagados de España junto con los funcionarios estatales y los de Castilla y León. Los intermedios, mejor pagados Frente a la baja retribución de los funcionarios gallegos del Grupo A y de las escalas inferiores, los empleados públicos con titulaciones medias y los que ostentan puestos administrativos se cuelan entre los mejor pagados del conjunto nacional. En concreto, los del Grupo C son los sextos con el mayor sueldo anual de España y los del Grupo D, se convierten en los séptimos. Por otra parte, la Xunta mantiene en su agenda la intención de mejorar las retribuciones de los funcionarios autonómicos. Así lo manifestaba la semana pasada la Consellería de Presidencia, al subrayar su "desexo" de impulsar la negociación colectiva y la participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los funcionarios dependientes del Gobierno gallego. Precisamente, Presidencia efectuaba estas declaraciones públicas tras llegar a un acuerdo con las organizaciones sindicales (CSI-CSIF, CC.OO., UGT, CIG y SPJ-USO) por el que los funcionarios que trabajan al servicio de la Administración de Justicia cobrarán 125 euros más cada mes respecto al actual Complemento Autonómico Transitorio (CAT). Dicho incremento se traducirá en 445 euros mensuales de CAT desde enero de 2009 hasta diciembre de ese año. En todo caso, la Unión Sindical Obrera (USO) considera la actual situación un en el conjunto de las Administraciones Públicas un auténtico "desmadre" retributivo. Desde el colectivo sindical, José Luis Fernández, reconoce como "legítimo" que haya diferencias entre comunidades pero no que estas diferencias provoquen la "desigualdad" entre personas que desempeñan el mismo trabajo. Esta postura es la que mantienen los sindicatos mayoritarios, que llevan años reclamando una retribución más equitativa para los funcionarios de las diferentes Administraciones. "La igualdad es un principio consitucional", argumentó Fernández. En este contexto, la USO también ha denunciado las diferencias que se producen entre el personal laboral y el funcionario, incrementando el "total caos retributivo" que se registra en la Administración española. Por eso, el colectivo reclama una homologación retributiva, un acuerdo en el que se establezca un "máximo y un mínimo" de difrencias salariales, que oscile "entre el 15% y el 20%".