Los jueces de la Audiencia Nacional defienden "la integridad profesional" de Garzón ante el editorial de "El Mundo"

Mayor Oreja tilda de "disparate" la decisión del juez

La Junta de Jueces Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional defendió "la integridad profesional" de su compañero Baltasar Garzón después de las críticas en su contra publicadas en el editorial de el periódico "El Mundo" tras la decisión del magistrado de ordenar la elaboración de un listado de desaparecidos de la Guerra Civil española y anunció que solicitará al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que realice "un expreso pronunciamiento" ante "las injustas y arbitrarias opiniones" vertidas por este periódico. Tras una reunión celebrada este martes, los magistrados Santiago Pedraz , Ismael Moreno, Fernando Grande-Marlaska, Fernando Andreu y Eloy Velasco acordaron por unanimidad ante la publicación del citado editorial, titulado "Truculenta Garzonada" poner de manifiesto que este artículo de opinión "excede de los límites a la crítica de las resoluciones judiciales" y llega a "poner en entredicho la integridad profesional del magistrado Baltasar Garzón". Los cinco jueces destacan que el periódico acusa incluso a Garzón de que "no tuvo tiempo de transcribir las cintas de islamistas que tal vez hubieran evitado el 11-M" o de que es "incapaz de investigar quien dio el chivatazo a los recaudadores de ETA". Por todo ello y con el fin de que "se garantice el ejercicio de una justicia independiente, responsable y eficaz" la Junta de Jueces ha acordado dirigirse al CGPJ a través de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional para pedirle que realice "un expreso pronunciamiento" por estas opiniones. El juez Garzón dictó una providencia en la que solicita a instituciones como el Valle de los Caídos o el Monasterio del Escorial, a cuatro ayuntamientos y a todas las parroquias de España que aporten toda la información disponible con objeto de realizar un listado de desaparecidos de la Guerra Civil. El magistrado ha tomado esta decisión como paso previo a decidir si es competente para investigar las denuncias que varias asociaciones de memoria histórica presentaron el 18 de julio de 2007 en la Audiencia Nacional. Estos colectivos solicitaban la persecución penal por delitos de lesa humanidad de los autores de las desapariciones, 'sacas', asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936. La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó en febrero pasado el archivo de las denuncias, al considerar que han prescrito en aplicación de la Ley de Amnistía de 1977. También destacó que los hechos señalados eran contemplados como delitos comunes con tipificación ordinaria de asesinato, detención ilegal o lesiones en el Código Penal de la época en la que se cometieron, en referencia al ordenamiento de la Segunda República.