El Gobierno apoya la decisión de Garzón y dice que contribuirá a "cerrar" heridas

El Gobierno ha defendido la decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzon de pedir información sobre los desaparecidos de la Guerra Civil y de la dictadura franquista, antes de iniciar una eventual investigación. La petición de información oficial realizado por el juez Garzón a varias instituciones españolas, entre éstas la Conferencia Episcopal Española (CEE), que significa por primera vez la apertura de una investigación sobre los desaparecidos durante el franquismo, desató críticas de la derecha y el esceptisismo de numerosos jueces españoles. Pero el ministro del Interior, Alfredo Perez Rubalcaba, defendió al juez de la Audiencia Nacional, subrayando el hecho de que censar a los muertos no significa abrir las heridas del pasado sino, por el contrario, a "cerrarlas". "No entiendo qué nos debe llevar a no facilitar que nietos o hijos sepan definitivamente dónde están enterrados sus padres", dijo Rubalcaba en una entrevista a Punto Radio. En este mismo sentido se ha manifestado el secretario general de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Antonio Hernando, que ha calificado de "injustas y desmedidas" las críticas que está recibiendo el juez Garzón por parte del Partido Popular. Hernando ha comentado que "comprende perfectamente" a todas esas personas que quieren saber dónde están enterrados sus seres queridos y ha informado de que "incluso algunos dirigentes populares han acusado al juez de prevaricación, lo que es una barbaridad". El martes, el líder del opositor Partido Popular, Mariano Rajoy, se pronunció contra la decisión del juez, diciendo que no era "partidario de reabrir las heridas del pasado lo haga quien lo haga", tal como se pronunció contra la ley llamada de la 'Memoria Histórica', aprobada en octubre de 2007 por el Parlamento para rehabilitar a las víctimas del franquismo. Varias asociaciones de magistrados se declararon escépticos sobre los fundamentos jurídicos de la medida, ya que el juez Garzón inició este procedimiento respondiendo a una petición de asociaciones de víctimas, antes de pronunciarse sobre si es admisible o no. Una ley de amnistía, votada en 1977, durante la Transición hacia la democracia, impidió hasta ahora cualquier movimiento de la justicia sobre los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, prescribiendo los crímenes de "actos políticos" cometidos antes de diciembre de 1976. Miguel Ángel Gimeno, portavoz de una asociación progresista de jueces, Jueces para la Democracia, subrayó que una causa penal no puede prosperar si se sabe de antemano que nadie se sentará en el banquillo de los acusados.