Quintana pide "corresponsabilidad" a los concellos para financiar la Lei de Servizos Sociais

El PP dice que se trata de "papel mojado" sólo para crear "chiringuitos

El vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, hizo un llamamiento a la "corresponsabilidade" de los concellos para financiar la futura Lei de Servizos Sociais, que pasó su primer trámite parlamentario con el voto en contra del PPdeG. Recordó que esta normativa marca el objetivo de que todas las instituciones públicas destinen el 7 por ciento de su presupuesto a políticas sociales, en un horizonte de seis años. Así, Quintana dijo que "se prevén os medios financeiros necesarios" en base a los presupuestos de la Xunta, que aportará la partida para los servicios de su competencia, y los municipales, para la "creación, mantemento e xestión" de los que entren en su área de responsabilidad, e instó al grupo de la oposición a que "se hai outro mecanismo de financiación, díganolo". Insistió en que este marco normativo "non é meramente declarativo", sino un "instrumento ao servizo da xente" que situará los servicios sociales "ao mesmo nivel que a educación e a sanidade". De hecho, con esta nueva ley se creará una tarjeta social gallega, un expediente básico, y un profesional de referencia para cada persona asistida. Se trata de "descartar a concepción asistencialista", dijo Quintana, que tenían los servicios sociales con los anteriores Gobiernos del PPdeG y establecerlos como "dereitos da cidadanía". En definitiva, "poñer o autogoberno ao servizo do benestar galego", según el vicepresidente. También destacó el carácter "participativo" de esta normativa tanto en su creación como en su puesta en marcha, ya que contará con cuatro nuevos órganos de participación social, el Consello Galego de Benestar, el Observatorio y la Mesa de Servizos Sociais, y una Comisión Interdepartamental para coordinar las actuaciones dentro de la Xunta. Cómo órgano novedoso de gestión estará la Axencia Galega de Servizos Sociais, además del Consorcio Galego de Servizos Sociais, que ya existe y al que están adheridos más de 260 concellos. Quintana garantizó que no se trata de organismos de nueva creación, ni implicarán nuevo personal, sino que son foros de participación y el único que no lo es, la Axencia, se formará con trabajadores ya al servicio de la Xunta. "Chiringuitos" Sin embargo, la diputada del PPdeG Marta Rodríguez Arias considera que la Lei de Servizos Sociais es "papel mollado" y que "abre a porta a creación de novos chiringuitos", permitiendo la "xestión discrecional" y con un elevado coste. En este sentido, puso como ejemplo el propio Consorcio, asegurando que gasta 60.000 euros anuales en alquiler de locales en un hotel coruñés, según su información. Rodríguez Arias manifestó que la nueva normativa, a la que presentaron una enmienda a la totalidad, no supondrá una garantía de mejores servicios sociales, sino que viene a sumarse al "historial de cumprimentos" de la Vicepresidencia de la Xunta, sobre todo por el "atraso" en la aplicación de la Ley de la Dependencia. Además, recriminó el "paripé participativo" para su creación, y recordó que hubo un enfrentamiento en el seno de la Fegamp para que se retirara la obligatoriedad inicial de destinarle un 7 por ciento del presupuesto. Por eso, concluyó que la gestión de Quintana se basa en "tres efes, a de fraude, a de frustración e a de fábula" y pidió que las cambie por "a de futuro, feitos e financiamento, neso si que atopara ao PP". Quintana replicó pidiendo "altura de miras" porque la futura normativa que "non está pensada só para os 100.000 dependentes, senón para os 2,7 millóns de habitantes de Galicia". Plan de Servizos y Risga En función de la nueva ley, la Xunta tendrá que elaborar cada seis años el Plan estratéxico de Servizos Sociais, como instrumento más relevante de planificación. Asimismo, se establece la obligación de que en máximo de un año desde la entrada en vigor de la normativa, el Gobierno gallego reformará la renta de integración social de Galicia, conocida como risga, a través de un nuevo proyecto de ley. Los socios del Gobierno bipartito, PSdeG y BNG, defendieron este marco legislativo frente a los ataques del PP, a los que los nacionalistas recriminaron que intente fomentar "o alarmismo" a nivel social, según la diputada Modesta Rioboo. Por su parte, el socialista Miguel Ángel Fernández López, criticó la "demagoxia, contracción e incoherencia" del PPdeG, al que acusó de "interese partidista e político" en su oposición a la Lei de Servizos Sociais.