La primera Lei de Residuos integral de Galicia establece multas de hasta 2 millones

La Lei de Residuos de Galicia ha sido aprobada en el pleno del Parlamento con la oposición del PPdeG. Se trata de la primera normativa integral en esta materia, ya que la anterior, de 1997, sólo se refería a los residuos sólidos urbanos. Por eso, el conselleiro de Medio Ambiente, Manuel Vázquez, aseguró que con ella "comezamos a gañar o futuro" en política medioambiental y tratamiento de las basuras. Vázquez destacó que esta nueva legislación "fomenta a reducción, a reutilización e reciclaxe", frente a la incineración, y servirá "non só para cubrir as necesidades actuais, senón tamén as futuras". Así, considera que "marca un camiño" que va a mejorar tanto la protección de los recursos naturales como la gestión de residuos. También aseguró que se trata de una ley "eficiente e clara" que introducirá "transparencia e rigor", y resaltó el "alto grado de implicación" de los grupos parlamentarios en su tramitación en tiempo récord, sobre todo el PSdeG y el BNG, a quienes agradeció su "rigor científico e visión de futuro". La redacción final de la normativa recoge un total de 37 enmiendas de los grupos de Gobierno y 15 de las 39 presentadas por la oposición. Entre éstas, está la que eleva de 1,2 a 2 millones de euros la sanción por una infracción muy grave. De esta manera, las multas más altas serán de entre 31.001 euros y 2 millones, aunque en el caso de residuos peligrosos la multa mínima será de 301.001 euros. Para las graves, de 603 a 31.000 euros, y para las leves, de hasta 602 euros, elevando los residuos peligrosos esta cuantía a 6.019 euros. También se mantiene la posibilidad de que los concellos puedan sustituir las sanciones leves, debidas a infracciones de abandono o vertido de basura en espacios públicos, por un servicio voluntario de limpieza en las calles, mientras que las muy graves pueden implicar la inhabilitación de uno a diez años. Además, las Diputaciones provinciales podrán contribuir "económicamente" a la gestión de los planes comarcales y municipales, para los que se reclama su apoyo. Otro bote El debate de esta normativa en el pleno derivó en otro enfrentamiento directo entre el conselleiro y el portavoz de Medio Ambiente del PPdeG, Jaime Castiñeira, quien volvió a traer al pleno un bote con agua contaminada, en este caso correspondiente "ao que se verte a través do vertedoiro de residuos de Sogama no monte Areosa que vai a parar ao río Lengüelle". Castiñeira terminó su intervención llevando este bote y unas fotos de la recogida de la muestra al escaño de Manuel Vázquez, a quien calificó de "o señor dos vertedoiros". El conselleiro se limitó a recoger estos objetos y depositarlos en la fila de atrás, en el lugar correspondiente al líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijoo, que en ese momento estaba ausente. Ya desde la tribuna, Vázquez explicó "deixollo ao presidente do PPdeG, que foi o que fixo Sogama". Después de este incidente, ambos intercambiaron otras pullas más o menos irónicas, cuando Castiñeira advirtió de que "a nos non nos elixiron para ser elegantes, senón para dicir as verdades" y el conselleiro replicó, con gran sarcasmo, que el diputado del PPdeG ya se definió con su intervención "rigurosa, profunda e de interese xeral". Y es que Castiñeira, en su discurso, hizo un repaso desde el vertedero de Areosa a los "presupostos secuestrados" por el Gobierno bipartito, pasando por el supuesto coche oficial de la Xunta que tiene una "mini-taberna", sin dejar de criticar la Lei de Residuos que "levou 15 días tramitala e tres fotocopiala" de una aprobada en Madrid en 2003. Suelo contaminado La futura ley recoge la posibilidad de declarar un suelo como contaminado, lo que obliga a su descontaminación y tendrá especial repercusión en la planificación urbanística, al no poder realizarse en ellos nuevos desarrollos. Además, regula la declaración de utilidad pública e interés social para la expropiación forzosa y el establecimiento o ampliación de instalaciones de gestión de residuos, a la vez que prevé la posibilidad de la concesión de subvenciones por parte de la Xunta para incentivar la producción limpia y la implantación de mejoras técnicas. Finalmente, se establecen normas específicas para los residuos de establecimientos sanitarios y la desagregación del coste derivado de la correcta gestión de los residuos en los pliegos de condiciones de los contratos públicos, para regular lo que se denomina la "contratación verde".