La pontevedresa acusada de intentar matar a su hijo con antidepresivos dice que no recuerda lo sucedido

María Dolores Álvarez, la pontevedresa acusada del intento de asesinato de su hijo de cinco años al que suministró una mezcla de ansiolíticos y antidepresivos con Cola Cao y posteriormente abrió la llave de paso del gas para suicidarse junto con él, negó la imputación realizada por la Fiscalía y aseguró que no recuerda nada ?desde que me acosté con mi hijo?. En el juicio celebrado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra, el Ministerio Fiscal insistió que la acusada es la responsable de la llamada que el padre del niño y antigua pareja sentimental de la mujer, recibió el Sábado Santo de este año y en la que amenazaba con que al día siguiente "tendría que traer dos ataúdes" porque ella y su hijo estarían muertos. Esa noche, según Fiscalía, la acusada bloqueó la puerta de entrada a la vivienda con un sofá e impregnó antidepresivos y ansiolíticos con Cola Cao para que los tomase el niño, tras lo cual abrió la bombona del gas, dejando encendidos los mandos de la cocina para poder inhalarlo, aunque finalmente las fuerzas del orden lograron entrar en la vivienda alertadas por el padre del niño e impidieron la acción. Precisamente, los agentes policiales corroboraron que tuvieron que derribar el sofá que bloqueaba la puerta de acceso a la vivienda y que una vez en su interior notaron ?un fuerte olor a gas? y que había cajas de medicamentos desperdigados por toda la casa, encontrándose con la mujer y el niño semiinconscientes en una de las habitaciones. El niño estaba siendo tutelado por la Xunta de Galicia y disfrutaba de unos días de permiso con su madre, que según se desveló en el juicio, estaba bajo tratamiento médico, después de sufrir varias crisis nerviosas tras la ruptura con su pareja sentimental. Por ello, la Fiscalía mantuvo su petición de catorce años de prisión para la acusada y la prohibición de acercarse al menor durante 24 años, además de una indemnización para el menor de más de 3.000 euros, mientras que la defensa solicitó la libre absolución de su cliente.