El Confidencial
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José Manuel López García
Ernesto González Valdés

La licitación de obra pública ha bajado un 32% en los ayuntamientos gallegos

24-10-2008

Los concellos se aprietan cada vez más el cinturón para poder afrontar la crisis sin entrar en números rojos. Uno de sus principales ingresos, el derivado de los impuestos relacionados con el mundo urbanístico -las tasas sobre construcciones, instalaciones y obras o sobre bienes inmuebles- se reduce a pasos agigantados. Y es que en los nueve primeros meses de este año la licitación de obra pública puesta en marcha por los municipios gallegos se redujo casi un 32% con respecto al mismo periodo del año anterior, pasando de los 302 millones de 2007 a los 207 de ahora. Los datos de Seopan, la patronal que representa los intereses de las grandes constructoras son claros y dan una idea de lo que en su día el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Carlos Fernández, denominó ?anorexia financeira? de los ayuntamientos. El descenso de la licitación local es patente en todas las provincias gallegas, exceptuando a la de Ourense, la única en la que creció con respecto a los nueve primeros meses de 2007. Con todo, la subida es tímida, sólo de un 5,2%. Con diferencia, la situación es especialmente crítica en Lugo, donde la adjudicación de obra pública impulsada por los municipios bajó un 74% hasta el mes de septiembre, pasando de los 72 millones de euros del mismo periodo de 2007 a los 18,7 contabilizados en lo que va de año. En Pontevedra y A Coruña los descensos registrados se sitúan en el 21,3 y el 25,5%, respectivamente. Esta realidad agrava la situación financiera que atraviesan las administraciones locales, que durante décadas vivieron de forma desahogada gracias al ?boom? inmobiliario. Sin embargo, la crisis económica, que afecta principalmente al sector del ladrillo -que en ocasiones llega a suponer más de una quinta parte de los ingresos de los concellos-, y la caída de la venta de suelo público ha llevado la estrechez monetaria a las arcas municipales, que ya han empezado a poner en marcha planes de contención del gasto con la vista puesta en el 2009. Ante esta coyuntura, los concellos reclaman una reforma urgente del modelo de financiación local actual con la que asegurar la prestación de servicios a los ciudadanos ante la importante bajada de los ingresos. Y es que muchos de ellos habían fundamentado su forma de financiarse en lo que ganaban procedente del sector inmobiliario. El descenso de la adjudicación de obra pública no es patrimonio en exclusiva de las entidades locales, ya que la Administración central también ha bajado su ritmo inversor. Así, pese a que la licitación ha crecido un 5,9% en el conjunto de la comunidad gallega, la única provincia en la que se ha incrementado con respecto a los nueve primeros meses de 2007 es Pontevedra, con un 1,09% más, llegando a los 292 millones. En el extremo contrario está Ourense, en la que el Estado adjudicó obras por valor de 9,9 millones hasta el mes de septiembre, frente a los 51,9 contabilizados en el mismo periodo de 2007, lo que supone una bajada del 123%. Los descensos más tímidos en la licitación de obra pública por parte de la Administración central se produjeron en la provincia de Lugo y, especialmente, en la de A Coruña, en las que bajó un 11,9 y un 0,2%, respectivamente. Según los datos de Seopan, la única Administración que ha aumentado visiblemente la licitación de obra pública hasta el mes de septiembre ha sido la autonómica, que se vio incrementada en casi un 43% con respecto al año anterior, alcanzando los 889 millones de euros. La principal razón de este alza es la puesta en marcha por parte de la Xunta del plan de impulso de la licitación pública en la comunidad para hacer frente a la desaceleración de la economía, y que supondrá un total de más de 1.500 millones de euros este año. Las principales apuestas de este proyecto son la construcción de viviendas protegidas y de infraestructuras del transporte. Las cifras de la patronal revelan que el mayor esfuerzo en licitación por parte del Gobierno autonómico se concentra en la provincia de Lugo, donde se produjo un aumento del 78% con respecto a los nueve primeros meses de 2007 llegando a superar los 202 millones de euros en obra pública.





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