Los trabajadores de CESPA en toda la provincia de Pontevedra anuncian movilizaciones en todos los ayuntamientos en donde prestan servicio
El comité de empresa de CESPA, adjudicataria del servicio de limpieza y recogida de basura en más de una decena de ayuntamientos de la provincia de Pontevedra, anunciaron esta mañana que emprenderán próximas movilizaciones en todos aquellos municipios en donde prestan servicio, porque aseguran que están "cansados" de la "falta de respeto, insultos y acoso a los empleados", según denunció el presidente del comité de empresa, Juan Carlos Corredoira. Concretamente, piden la dimisión del gerente de la firma, Juan Manuel Gil Martínez, y del encargado general en la provincia de Pontevedra, José Manuel Outeda, responsables según Corredoira de estas "actitudes mafiosas" y de que tres meses después de la firma de un nuevo convenio laboral, "no se hayan cerrado pequeños flecos pendientes de la negociación". "No podemos soportar más la situación, con unos responsables provinciales que mantienen una política para con los empleados de dictadura, amenazando a unos y a otros e incluso agrediendo físicamente a algunos de los empleados", afirmó el responsable sindical. En concreto, los comités de empresa de CESPA en todos los ayuntamientos de Pontevedra en donde tienen el contrato del servicio de limpieza, se reunirá el próximo 11 de noviembre para compartir los puntos de vista sobre este asunto, con la intención de convocar a una manifestación conjunta a los cerca de 400 trabajadores en la provincia y, en caso de no detectar "interés" por parte de la patronal, ir a la huelga en toda la provincia. Aseguran estar amparados por todos los sindicatos, UGT, CIG y CC.OO y denunciaron además el deterioro "notable" de la maquinaria y la "desidia" de la empresa "que no invierte un euro en la renovación del material", aunque nada comparado según Juan Carlos Corredoira como una supuesta agresión a un trabajador "que está en manos de la inspección de trabajo, saldada con una advertencia", algo que comparó con "una suspensión de 60 días a un empleado por presuntos insultos a uno de los directivos".