El presidente de la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña, Manuel Monge, acusó al gobierno local de "auténtica desidia e irresponsabilidade" al permitir que la ciudad "sexa a capital da simboloxía franquista". Monge presentó en el Registro Municipal el manifiesto "Os tempos son chegados", con 250 firmas recabadas para pedir la retirada de todo tipo de distinciones honoríficas concedidas durante la dictadura, a Franco y a sus ministros, así como la eliminación de las calles y símbolos franquistas.
Junto al escrito, una carta dirigida al alcalde, Javier Losada, en la que le exigen "vontade política" y "cambiar o rumbo e as decisións políticas que tomou o goberno municipal nos últimos anos". Critican que ya han transcurrido 18 meses desde la aprobación de la Lei de la Memoria Histórica el 27 de diciembre de 2007 y que "non hai ningunha xustificación" para explicar el atraso en su aplicación. Además, añadió Monge, el grupo de expertos presentó un informe "aprobado por unanimidade" que proponía la eliminación de 55 símbolos franquistas, entre ellos 24 calles, hace ya más de tres meses.
Por eso reclaman que se aborde este tema en el próximo pleno municipal del mes de julio y que la corporación apruebe "solemnemente" la retirada de la simbología de la dictadura que, aseveran, "é unha vergoña para A Coruña". "Non podemos esperar un día máis", subrayó Monge, que se manifestó en contra de "retrasar" la eliminación de estos símbolos "facendo alusións a obras que poden tardar meses en iniciarse". En concreto, pidió la retirada"de inmediato" de la estatua de Millán Astray, sin esperar a la reforma prevista para la Plaza de España.
En el manifiesto, firmado por historiadores, investigadores y personas pertenecientes al mundo de la Cultura y la Universidad, piden, entre otras cosas, que se cambie la calle Calvo Sotelo, que se retire a Manuel Fraga la distinción de Fillo Adoptivo da Coruña, concedida en 1968, y que se retire el escudo franquista "que está na vidreira da entrada principal do palacio municipal de María Pita, e que é iegal desde 1981". De mantenerlos, precisan en el manifiesto, "sería unha auténtica indecencia, unha indignidade, unha humillación, un oprobio e un insulto á cidadanía, especialmente ás familias dos represaliados".