El Juzgado de Instrucción número 2 de Pontevedra abrió diligencias previas contra el Concello pontevedrés por un presunto delito de prevaricación administrativa denunciado por el Partido Popular después de que el gobierno municipal convocase una mesa de contratación para las obras de los jardines de la Plaza de la Libertad y la rotonda de Loureiro Crespo, cuando las obras ya estaban terminadas e inauguradas.
Según anunció el concejal del PP, Jacobo Moreira, el juzgado admitió a trámite la denuncia de los populares "ante la posible existencia de una infracción penal", ante lo que solicitó que el ayuntamiento pontevedrés les remita todos los expedientes relativos a ambas actuaciones, ejecutadas por la empresa Naturgalia.
Moreira destacó que "una vez estudiada la demanda, se aprecia un indicio de delito", tras lo que apuntó que "de entrada el caso no ha sido archivado como se vaticinaba desde el gobierno local", lo que para el PP ya es un indicio de que el trámite administrativo no se realizó de forma correcta.
Por su parte, desde el gobierno local, el concejal de Infraestructuras, César Mosquera, quitó importancia a esta noticia, asegurando que "no estamos nerviosos, igual si fuera la primera vez que el PP nos lleva a los tribunales por estas cositas lo estaríamos", recordando el largo historial del PP pontevedrés de judicializar la vida política.
"Si por agilizar una obra, se comete un fallo en la tramitación y acabamos así, alguien tendrá que explicarle a los vecinos que no podremos hacer obras, porque el PP está con la escopeta cargada para intentar pillarnos", dijo Mosquera, quien sin embargo indicó que "se dedican a mirar estas cosas, porque claro no encuentran corruptelas, ni pelotazos urbanísticos ni desfalcos, porque no los hay, entonces se entretienen con estas cosas sin trascendencia".