Aunque cada uno a su manera, los sindicatos UGT, CC OO y CIG ofrecieron su colaboración a la titular de Facenda para que puedan cumplirse los objetivos de Galicia en materia de financiación autonómica. Menos optimista, Marta Fernández Currás trasladó a las centrales que las negociaciones están a día de hoy en un mal momento. Durante la reunión, la conselleira reiteró a los sindicatos que la Xunta defenderá el mandato unánime del Parlamento con el compromiso de que Galicia pueda alcanzar el mejor resultado en las negociaciones sobre el futuro sistema de negociación.
Las tres fuerzas sindicales agradecieron haber recibido información de primera mano del proceso, aunque señalaron que la reunión "chega un pouco tarde", según refirió el portavoz en este tema y secretario de Formación e Emprego de UGT-Galicia, José Domingo Barros, quien echó en falta no haber colaborado desde el primer momento para que los agentes sociales pudieran llegar a un acuerdo como el logrado por los tres partidos con representación parlamentaria. Dijo además que "vimos á conselleira un pouco desanimada", ante la imposibilidad de que se pueda dar un acuerdo multilateral, y preocupada también porque "está a recibir pouca información", manifestó.
Además de un modelo de financiación estable y ajustado a la realidad, el sindicalista declaró que debe estar basado en el consenso, gestionado casi en exclusiva por las autonomías y que contemple la necesidad de compensar la disminución de fondos europeos.
Reclamó igualmente más autonomía financiera y corresponsabilidad, así como que el nuevo modelo tenga en cuenta la dispersión de la población y el envejecimiento y que se arbitren criterios de ponderación en áreas como la sanidad, los servicios sociales o la educación.
VARIABLES CLAVE
Por su parte, el secretario de Formación e Emprego de CC OO, Francisco Montero Dongil, indicó que la base del nuevo sistema va a ser la población y que, como tal, Galicia está planteando que se contemple la emigración como una de las variables, entre las que se encuentra también el tema de los residentes ausentes. Una segunda variable es la dispersión geográfica. Ambas indicó que le "garantizarían" a Galicia el acuerdo parlamentario de junio de 2008.
La inclusión de ambas variables en el modelo de financiación manifestó que incidiría directamente en el coste de la prestación de los servicios y permitiría a Galicia contar con un sistema capaz de garantizar los principios de autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal y que la autonomía tuviese más recursos para disponer de los servicios en parámetros similares a los del resto del Estado. Señaló además que la Xunta introdujo en el debate un elemento nuevo, la evaluación dinámica, de tal forma que el sistema funcione corrigiéndose automáticamente en los periodos de tiempo que se fijen.
UN MODELO PARA TODOS
El secretario de Finanzas de la CIG, Ramiro Oubiña, refirió que el planteamiento "real" para el sindicato "dista bastante" de lo que ahora se está poniendo encima de la mesa. Indicó que habría que hablar de cuál es la aportación que hace Galicia al Estado, de la transferencia de impuestos reales a la comunidad autónoma y de la capacidad de Galicia de crear su propio modelo impositivo.
A partir de ahí, dijo que la CIG no escapa de la realidad existente, la cual señaló que lleva a que el modelo del que se está hablando "ten que ter interese para todos", señaló, en el sentido de que va a ser el marco con que va a contar "para ser capaz de ter autonomía financiera ou non tela", argumentó.
En este sentido, considera Ramiro Oubiña que debe haber "un gran acordo de país" para hacerle ver al Estado que "isto non é un problema de Gobernos, nin de partidos", dijo. Planteó igualmente que Galicia no puede quedarse con un modelo que no vaya a permitir cubrir las necesidades reales que tiene el país.