DEPENDENCIA

Mato exige una revisión de la Ley de Dependencia ante la "asfixia" económica de las comunidades

La conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, acusó al Gobierno central de "non responder" a los compromisos asumidos en materia de financiación de la Ley de Dependencia, por lo que reclamó una "revisión urxente" de la norma ante la "asfixia" económica a la que se ven abocadas las autonomías. Mato salió así al paso de las declaraciones del secretario general de Presupuestos y Gastos del Estado, Luis Espadas, quien anunció el viernes que el gasto en materia de dependencia se congelará el próximo año.

En un desayuno informativo celebrado en Santiago, la responsable de la cartera autonómica reiteró el compromiso asumido por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de atender a 16.000 grandes dependientes antes de que acabe el año, avanzando que reducirá a la mitad los tiempos de tramitación burocrática. "Nós comprometémonos financeiramente, pero demandamos a implicación do Estado e a revisión da lei para que Galicia non quede chea de xente defraudada e decepcionada", denunció, al tiempo que recalcó que el sistema "non funciona e non cubre as expectativas". Así avanzó que defenderá, junto a otras autonomías, que los objetivos de la ley que entró en vigor en enero de 2007 se replanteen en el Consejo Interterritorial de Atención a la Dependencia, previsto para septiembre, para reclamar que la financiación se ajuste "ós custes".

Tras "lamentar" la intención del Gobierno central de no aumentar las partidas presupuestarias para el próximo ejercicio, la conselleira insistió en que "o orzamento xa é insuficiente", y recordó que para 2010 "os compromisos orzamentarios son aínda maiores".

Según los datos aportados por Benestar, la Xunta aporta "un 80%" de los fondos necesarios para atender a los beneficiarios, mientras que el Estado "achega só o 20%". Y es que el Gobierno central establece unas aportaciones fijas en base al grado de dependencia del usuario -y no en base al coste de los distintos servicios-, de manera que "mentres que unha praza para un gran dependente custa en Galicia 2.600 euros", Madrid aporta "só 263 euros".

Teniendo en cuenta que la norma establece que las autonomías deberán aportar las mismas cantidades que la Administración central, Mato recalcó que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "non responde ós seus compromisos fixados por ley".

Tras censurar la "complicada" situación y el "batiburrillo de expedientes" con el que se encontró a su llegada a la Xunta, insisitó en que la aplicación de la norma "leva máis de dous anos e medio de atraso" en Galicia, por lo que existen personas que "aínda non perciben ningún tipo de axuda", pese a tener reconocido el derecho.

TRAMITACIÓN

En este marco, también adelantó que su departamento trabaja en la agilización del proceso de valoración y tramitación de las ayudas que contempla la ley, de forma que el proceso pueda cubrirse "en seis meses" en lugar de un año de media. La Xunta pretende que en los tres meses que siguen a la presentación de la solicitud la persona sea valorada y en las 12 semanas siguientes disponga ya de su Plan Individual de Atención (PIA), en el que se estipulan las prestaciones a las que tiene derecho.

Con el fin de agilizar estos procedimientos, el departamento de la Xunta "ampliará o persoal administrativo", además de impulsar una "depuración" del sistema informático, de manera que los datos sobre número de solicitudes tramitadas y resueltas que maneja la Xunta coincidan con las del Sistema Informático de la Dependencia (SISAD) del Ministerio de Sanidad y Política Social.

CIFRAS

En estos momentos, 16.790 gallegos perciben alguna ayuda o prestación de las previstas en la cartera de servicios a la dependencia, el 21,16% de las 79.351 demandas recibidas por la Administración gallega. Según explicó la directora xeral de Dependencia e Autonomía Persoal, Coro Piñeiro, quien acompañó a Mato, junto con la secretaria xeral de Benestar, Susana López Abella, otras 13.737 personas han desistido del proceso, bien porque "decidiron non completar o expediente ou porque faleceron antes de poder facelo".

Los registros de la Xunta también indican que otras 13.462 gallegos han sido evaluados, aunque no tienen derecho a una prestación, por el momento, por tener un grado de invalidez reducido (nivel I) y que será atendido en una fase posterior de desarrollo de la norma. Con todo, cerca del 45% de las solicitudes formuladas, unas 35.362 están en tramitación, lo que prueba la necesidad "de axilizar o proceso". De este total, solo 2.000 están pendientes de evaluación.

GRANDES DEPENDIENTES

El número de grandes dependientes que viven en Galicia supera los 31.000, por lo que Mato culpó al ex vicepresidente de la Xunta Anxo Quintana de "ocultar nun caixón" a parte de estas personas, "cando afirmaba que había 16.000". En estos momentos, unos 13.500 están atendidos, de manera que la consellería debe apurar los trámites para que otras 2.500 perciban las ayudas correspondientes para dar cumplimiento al compromiso marcado por Núñez Feijóo para este año.
Según los datos divulgados hoy, el nuevo Gobierno atendió a 2.500 gallegos más "nos 60 primeiros días" de gestión.