Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Galicia son las comunidades más
vulnerables ante los incendios forestales, especialmente las dos últimas, que
juntas acaparan más del cuarenta por ciento de la superficie forestal que cada
año arde en España. En el otro lado de la balanza están Madrid, Andalucía y
Murcia, que son las regiones con menor riesgo de padecer incendios.
Esta es
una de las conclusiones del "Incendiómetro 2009: bosques en peligro frente al
cambio climático", un informe presentado hoy a los medios por el secretario
general de WWF/Adena, Juan Carlos del Olmo, y el responsable de la campaña
contra incendios, Félix Romero.
Aproximadamente el 93 por ciento de los
20.000 incendios que cada año se registran en España son provocados por el
hombre y el resto tienen su origen en factores medioambientales, como las
tormentas.
Según los datos de WWF/Adena, estos siniestros arrasan cada año
entre 120.000 y 150.000 hectáreas de superficie forestal que, además de agravar
el problema de la degradación ambiental y la deforestación, emiten a la
atmósfera seis millones de toneladas de CO2, lo mismo que ciudades como Zaragoza
o Sevilla.
Por eso, el estudio advierte de que para el año 2050, si los
efectos del cambio climático no se combaten con firmeza, la temperatura media
mundial subirá dos grados centígrados, un factor que unido a la falta de agua y
a la mayor velocidad del viento, será mortal para los bosques españoles, que
estarán en situación de "riesgo extremo" entre dos y cuatro semanas más cada
verano.
Entre las principales causas de la aparición y falta de control de
los incendios, están el "urbanismo desmedido" y el caos urbanístico, que como en
Canarias dificultan en gran medida la extinción de los fuegos, así como la falta
de políticas forestales, ya que sólo el 13 por ciento de la superficie de monte
española cuenta con planes de gestión tal y como exige la Ley de Montes.
El
informe valora, no obstante, la mejora de los sistemas de vigilancia y detección
de incendios y destaca que casi todas las regiones (salvo Asturias y Cantabria)
han mejorado su capacidad de respuesta, lo que permite que siete de cada diez
incendios se apaguen en la fase de "conato" (cuando arde menos de una
hectárea).
Para Del Olmo la lucha contra los incendios "no consiste en
comprar más helicópteros, sino en atacar los problemas que causan este grave
problema medioambiental", mejorar la formación y la colaboración ciudadana y
sobre todo "acabar con la impunidad" actual de los que inician estos
siniestros.
En ese sentido ha reclamado planes de gestión en todas las
comunidades autónomas, mayor inversión en medio ambiente y más políticas de
apoyo a las zonas con menor renta per cápita, que además de no tener capacidad
para proteger las áreas forestales, consiguen recursos con facilidad a través
del urbanismo o de las subvenciones a la ganadería o la agricultura.
De
hecho, según datos de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente aportados por
WWF/Adena, de los 11.612 incendios forestales que se declararon en España en
2008, sólo 385 llegaron a los tribunales, que imputaron a 436 personas que, en
la mayoría de los casos, iniciaron el fuego para regenerar pastos, por quema de
rastrojos, venganzas familiares o descuidos, entre otros motivos.