El 39'7% de los hogares gallegos contó en 2008 con conexión a Internet, una cifra que supone 11 puntos menos que la media española, que está en el 51%. De ellos, el 78'09% se conectó a través de servicios de banda ancha, frente al 85'29% que lo hacen así en España. Los datos, recogidos del Instituto Nacional de Estadística (INE), han sido aportados por el gobierno central en respuesta a una pregunta del diputado del BNG en el Congreso, Francisco Jorquera, interesándose por los datos de acceso a Internet y de utilización de la banda ancha en Galicia.
En su respuesta, el Ejecutivo destaca que los datos del INE son similares a los que aporta el Observatorio Galego da Sociedade da Información, que cifra en un 41% los hogares gallegos con Internet y un 70% los conectados a través de banda ancha. Además, el gobierno reconoce que el acceso a Internet en los hogares españoles queda por debajo de la media europea, dónde el 60% cuenta con conexión, frente al 51% de España. Con todo, resalta que en el ámbito empresarial se mejoran las cifras europeas, pues el 95% de las empresas españolas tienen acceso a Internet, mientras que la media de la UE es del 93%, lo que nos colocaría "en posición de vangarda".
En la pregunta planteada por el BNG, Jorquera aludía a que los altos costes podían ser una de las razones por las que el acceso a Internet desde los hogares españoles y gallegos está por debajo de la media europea, y trasladaba al Ministerio de Industria las conclusiones de un informe de la Comisión Europea sobre las Telecomunicaciones en 2008, en el que, según el nacionalista, se concluye que los precios de la banda ancha en España están muy por encima de la media de precios en Europa.
En relación a esta cuestión, el Gobierno ha respondido que el informe no tiene en cuenta las "ofertas empaquetadas" a las que se acoge el 91'7% del mercado residencial español. Además, argumenta que los servicios de telecomunicaciones en España se prestan "en plena competencia y por compañías de capital 100% privado" y que en dicho marco es la propia Comisión la que prohibe cualquier intervención estatal en el desarrollo de la oferta de servicios.