XUNTA

Feijóo cumple cien días al frente del Gobierno

Cien días para ganarse la confianza de todos los gallegos, los que le habían votado y los que no. Al principio de su mandato como presidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo se comprometía a llevar a cabo un 'plan de choque' contra cuatro años de bipartito con la promesa, eso sí, de que ''nosotros no venimos a deshacer nada''.


Este lunes se cumplen cien días desde aquel 18 de abril en el que el 'niño de Os Peares' se hacía mayor y llegaba al Monte Pío con una carpeta bajo el brazo llena de deberes, muchos de ellos con fecha límite de entrega. Con algunos ha cumplido ya, otros están sólo es esquema y en algunos, en los que había insistido con fuerza, aún tiene la libreta sin abrir.

En una campaña electoral que tuvo como protagonista la crispación en torno a la política lingüística, la derogación del decreto del gallego en la enseñanza aprobado por el bipartito en 2007 era el compromiso ineludible de Núñez Feijóo en sus primeros cien días en Presidencia. Por el momento, Educación ha puesto en marcha una consulta a los padres sobre la lengua vehicular en la que prefieren que sus hijos sean educados. Los resultados aún no se conocen, aunque la Consellería asegura que se tendrán en breve y que el retraso se debe a lo delicado del tratamiento de los datos.  En todo caso, puede que la nueva hoja de ruta para el gallego en las escuelas no llegue hasta fin de año.

PROMESAS DE AUSTERIDAD
 
La crisis económica es siempre la mejor baza de la oposición para hacer caer al Gobierno vigente. En Galicia, no lo fue menos. El equipo económico de Alberto Núñez Feijóo elaboró todo un catálogo de iniciativas para salir del bache que ocuparon dos de los cinco ejes del programa electoral. Uno dedicado a impulsar la competitividad y la apertura de la economía gallega, otro a modernizar sus sectores productivos.

Corregir siempre es, aparentemente, más fácil que construir de cero. Quizá por eso, la principal y más urgente medida anunciada para los primeros cien días de Gobierno fue el Plan de Austeridad en la Administración autonómica.

''La Xunta es la mayor 'empresa' de Galicia. El reto principal es conseguir que, dentro del respeto escrupuloso al principio de legalidad, la organización y el funcionamiento de la Xunta le permita ser eficaz (es decir, hacer las cosas que se supone que tiene que hacer) y hacerlas con eficiencia (es decir, hacerlas al menor coste posible)''.
 
Así resumía el programa del PPdeG las bases en las que se apoyaría una reducción del número de Consellerías, acompañada de la reestructuración de la Administración periférica del Gobierno autonómico.
 
Feijóo se comprometía a aprobar en los primeros 100 días ''un Plan de Austeridad de la administración, que implicará un ahorro en los gastos de funcionamiento de al menos 120 millones de euros'', y la constitución de un grupo de trabajo nivel para la elaboración de una propuesta de mejora de la eficiencia y de la racionalización administrativa''.
 
TIJERETAZO A LA ADMINISTRACIÓN
 
¿Ha llegado la austeridad a San Caetano? A la vista de las intervenciones mas difundidas, parece ser que sí. La primera fue la reducción del número de Consellerías, que pasó de 14 a 10, con una Administración periférica de 5 delegados provinciales.
 
La polémica llegó aquí -además de por la creación de la Delegación en Vigo, rechazada frontalmente desde la de Pontevedra- de la mano de los nuevos 'superdelegados', cuya figura no fue demasiado entendida, y que obligó a muchos de los funcionarios a cambiar ahora de ubicación e integrarse en el esquema de trabajo de las 10 nuevas consellerías.

Desde el PP aseguraban que el nuevo esquema es similar al que ya se está utilizando en otras Comunidades Autónomas del Estado español, como Castilla y León; y que supondría un ahorro de 5 millones de euros. Sin embargo, la oposición sólo lo tachó de ser ''un lío y un desaguisado'' que no hizo más que ''crear un comisariado político''.

Por otro lado, Feijóo recortó 144 millones de euros ''en gastos de personal de confianza y gabinete, de asistencias técnicas, de partidas de difícil ejecución, de publicidad y reuniones, y de inversiones no productivas''; dinero que irá a financiar el Plan de Choque contra la crisis.

Y, por supuesto, como no podía ser menos tras el 'lío de campaña', se deshizo del Audi de Touriño y puso a la venta un total de 23 vehículos del parque móvil de la Xunta, que se permutarán, según explicó el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, por vehículos para fines sociales -principalmente Protección Civil y centros de día-. Además de la reducción de gasto corriente en la Administración en Galicia, la nueva Xunta prometió aplicar también la austeridad a las delegaciones de la Xunta en el exterior.
 
De este modo, los 860.000 euros al año de gasto total corriente de la delegación en Buenos Aires se reducirán en un 50%, mientras que los 45.000 euros anuales que costaba el alquiler de la sede se reducirán en un 70 por ciento al rescindir dicho contrato y trasladar la sede al edificio de uno de los centros gallegos.
 
PLAN DE CHOQUE
 
El Plan de Austeridad es uno de los objetivos cumplidos dentro de plazo, algo que no se puede afirmar del Plan de Choque contra la crisis. La conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, lo presentaba como una estrategia para ''dar impulso a la economía gallega para superar la crisis y para compensar sus efectos en las familias y en las empresas'', que se sostiene sobre cuatro líneas de actuación distintas: el fomento del empleo, lo de la productividad y del tejido industrial, el apoyo a las familias y a la liquidez de las empresas. Por el momento, la Xunta sólo le ha puesto cifras, que todavía tiene que negociar con los actores sociales, tal y como prometió en campaña.

De los 1.224 millones presupuestados, la mayor partida (938 millones de euros) iría a parar a ayudas a la productividad y del tejido industrial: 644 para inversión en infraestructuras, 113,5 millones para la dinamización del medio rural, 172 para el fomento industrial y 8,25 millones para impulsar la competitividad. Los créditos del Igape a las pymes, las ayudas al sector de la automoción y las operaciones de financiación y avales también se llevan un buen pellizco.

En cuanto al fomento del empleo, caballo de batalla de cualquier gobierno en estos días, el Plan reserva 178 millones de euros, repartidos entre medidas que fomenten la contratación de trabajadores que hayan agotado la prestación por desempleo, planes de formación y otras ayudas a los trabajadores, y planes de reubicación de trabajadores afectados por un expediente de regulación de empleo (ERE).
 
Con esta inversión, la Xunta espera poder crear 20.000 puestos de trabajo en Galicia, una confianza que la Conselleira de Traballo, Beatriz Mato, mantenía firme incluso tras conocer la última cifra de la Encuesta de Población Activa (EPA), 8.000 parados más que en el primer trimestre de 2009.
 
En el capítulo de medidas sociales y de apoyo a las familias, la mayor parte del presupuesto -35 millones de euros en total- se lo llevan los recursos adicionales para pagos de cuidador en el marco de la Ley de dependencia (27,7 millones). Además, habrá 0,7 millones de euros para facilitar la movilidad geográfica de de los trabajadores despedidos.
 
ACCESO A LA VIVIENDA SÍ; REBAJA DEL IRPF, AÚN NO
 
De lo que nada se sabe aún es de la prometida rebaja del 8% del tramo autonómico del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a las 600.000 familias que ingresara menos de 22.000 euros brutos al año, una inyección de 100 millones de euros a las familias, que comprometió tener lista para este lunes. Por el contrario, sí está ya aprobada la reducción del 50% de los impuestos para adquirir una vivienda a menores de 36 años y a familias numerosas.

En virtud de esta medida, el impuesto de transmisiones patrimoniales baja de un 7 a un 4% y del de actos jurídicos documentados tendrá una rebaja del 0,7 al 0,3%. Estará en vigor para los menores de 36 años hasta 2011, mientras que será indefinida para las familias numerosas, y el Plan de Choque guarda para ejecutarla 7 millones de euros.

LAS INFRAESTRUCTURAS, PARA AGOSTO...
 
Recuperar en cien días el Plan Galicia fue la tercera gran ambición de Núñez Feijóo. Finalmente, y tal como él mismo explicó el pasado viernes en una entrevista en la Televisión de Galicia, la aprobación del nuevo Plan de Infraestructuras quedará para agosto, eso sí, antes de que los diputados de O Hórreo se marchen de vacaciones.
 
Con un presupuesto de 1.300 millones de euros, la estrategia pretende situar al 80% de la población gallega a menos de diez minutos de una Vía de Alta Capacidad (VAC), a través de una red de autovías y vías de alta capacidad que pasará entre 2009 y 2015 de los 300 kilómetros actuales a los 600.

La iniciativa, según el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, priorizará la ejecución de las diez actuaciones del Plan Galicia diseñado por el último ejecutivo de Manuel Fraga que no se ejecutaron durante el período del bipartito y que aún están sin terminar.

MEDIOS PÚBLICOS
 
Regular los medios públicos fue otra de las tareas que el presidente se propuso cumplir en sus primeros tres meses de mandato. En concreto, anunciaba la modificación de la Lei de creación da Compañía de Radio e Televisión de Galicia (CRTVG), que garantizase que su director xeral fuese elegido por una mayoría cualificada de dos tercios del Parlamento de Galicia por un período máximo de cinco años, no renovable en más de 2 mandatos. El mismo porcentaje sería el necesario para escoger al Consejo de Administración de la Compañía.

Frente a lo ocurrido en otras épocas, Feijóo se comprometía a no escoger a ninguno de los directores del ente (CRTVG, TVG y RG) 'a dedo', y a contar con la opinión y el consenso de los demás grupos parlamentarios.
 

Si bien sí hubo acuerdo a la hora de escoger el Consejo, el nombramiento de Alfonso Sánchez Izquierdo fue tildado por PSdeG y BNG de ''una mentira y una mascarada'' en la que no hubo consenso.

La polémica llevó incluso a los representantes del BNG y PSdeG en la comisión institucional del Parlamento gallego para designar a Sánchez Izquierdo a abandonar la sala, considerando que había ''graves irregularidades'' en la misma, según el nacionalista Carlos Aymerich.
 
En palabras de Lage Tuñas, del PSdeG, el presidente gallego ''incumple el compromiso y la promesa'' de nombrar por consenso al director de la CRTVG y ''pisa sus palabras, manipula la realidad y busca coartada para la imposición de un candidato su medida''. Y la ley con la que auguró evitar estos conflictos, aún no está en papel.
 
LAS CUENTAS DE DEPENDENCIA NO CUADRAN
 
En cuanto a las ayudas a la dependencia, Feijóo garantizó en campaña que los más de 16.000 grandes dependientes gallegos recibirían el 50% de las prestaciones en los primeros cuatro meses de legislatura.S in embargo, analizado lo que aporta el Estado central para sufragar la factura, las cuentas no salen en la Consellería.

Feijóo hizo público hace un mes que el coste de aplicar la Ley de Dependencia en Galicia en 2010 asciende a los 600 millones de euros, de los que Madrid aporta apenas 100. Una financiación claramente insuficiente, en opinión de la Xunta, por no tener en cuenta los criterios de envejecimiento y dispersión que tanto condicionan la demografía gallega en este punto.
 
El pasado 13 de junio, la conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, lo explicaba. La Ley establece unas aportaciones fijas del Gobierno central en base al grado de dependencia del usuario -y no en base al coste de los distintos servicios-, de manera que ''mientras que una plaza para un gran dependiente cuesta en Galicia 3.600 euros'', Madrid aporta ''sólo 263 euros''.
 
Sin embargo, y en contradicción con este artículo, agregaba Mato, la norma establece que las autonomías deberán aportar las mismas cantidades que la Administración central. Con este panorama, desde Benestar acusan al Ejecutivo de Zapatero de no responder ''a sus compromisos fijados por ley'', y echan a su tejado la pelota de no poder cumplir plazos.

Beatriz Mato dice recalcar el compromiso: atender a 16.000 grandes dependientes antes de que acabe el año, avanzando que reducirá a la mitad los tiempos de tramitación burocrática. El 50% de pagos efectuados en cuatro meses parece haber pasado a la historia.
 
UNA MODIFICACIÓN DE LA LEI DE PESCA QUE NO LO ABARCA TODO
 
También el 17 de julio fue la cita de la Lei de Pesca, otro de los considerados 'desaguisados' del bipartito que la nueva Xunta se veía en disposición de corregir. La conselleira del ramo, Rosa Quintana, presentó en esa fecha, dentro del plazo prometido, el borrador de la modificación al Consello Galego de Pesca (CGP),órgano asesor que tendrá que elaborar un dictamen antes del 1 de septiembre. Previamente, Quintana había derogado la norma elaborada por el bipartito, objeto de grandes críticas dentro del sector.

El principal punto de discordia era la titularidad de las bateas de mejillones. Para el bipartito debía ser concedida mediante un concurso público y con un plazo de explotación de diez años, prorrogables por otros dos periodos de igual duración, de forma que al pasar 30 años la Xunta recuperaría la concesión.
 
Sin embargo, la sucesora de Carme Gallego se ha comprometido a reforzar la seguridad jurídica de las concesiones de las bateas, y a garantizar la permanencia de la titularidad, sin especificar de momento ninguna fecha 'de caducidad' de la concesión.

En total, el borrador presentado a valoración incluye 82 modificaciones. Las cofradías, según Quintana, ''recuperan su régimen jurídico como entidades colaboradoras de la Administración''. Por otra parte, el documento pretende regularla acuicultura y las industrias de transformación del sector y reducir la burocracia.
 
No obstante, Rosa Quintana ha reconocido que las modificaciones introducidas en la norma ''no abarcan todo lo que pretendíamos''. Eso sí, el motivo deriva, según la titular de Mar, de ''limitaciones de carácter administrativo''.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA: EL GRAN RETO
 
Uno de los principales retos que ha afrontado el Gobierno gallego en sus primeros cien días ha sido la financiación autonómica, cuyas cifras son, a día de hoy, difíciles de constatar. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, afirmó que cuando el Gobierno central remitió la propuesta ofreció 590 millones de euros de los fondos adicionales para Galicia (al margen de más de los 8.000 millones que ya corresponden a la comunidad), pero luego, a última hora, elevó a 654 millones la cuantía, a través de un presunto acuerdo de última que alcanzó con la vicepresidenta económica, Elena Salgado, cuyo departamento negó tal extremo. Manuel Vázquez, líder del PsdeG, situó desde el primer momento en 620 millones la cifra.

Este contexto, con baile de cifras y porcentajes que impide seguir un debate político en torno a este asunto, puede clarificarse, o no, en el pleno del Parlamento extraordinario que se ha fijado para el próximo jueves. En él, Feijóo dará cuenta de la negociación para la reforma de la financiación autonómica, en la que él se ha mostrado insatisfecho, aunque no más que el BNG, frente al éxito a medias que detecta el PsdeG.

El primer gran reto de Feijóo quedó en abstención por parte de la Xunta –mandado desde Génova para todas las comunidades en las que gobierna el PP-, pero con la aprobación de un modelo de financiación que para los expertos, es una mejora a medias. Ni muy bueno ni muy malo para Galicia, y que se explica con el ejemplo del vaso medio lleno o medio vacío.
 
¿Cómo queda la comunidad? Pues ni bien ni mal. En una posición intermedia, con pros y contras y con una evidencia, y es que a día de hoy es difícil, o prácticamente imposible, determinar con qué fondos adicionales contará la comunidad gallega, dado que la evolución dependerá de la tendencia que marquen criterios como el de la población, donde Galicia no destaca por su incremento.