La televisión pública estatal dejará de contratar publicidad a partir de
septiembre, después que el Pleno del Senado aprobara, con 130 votos a favor,
2 en contra y 118 abstenciones, el texto que había llegado del Congreso, sin
modificaciones.
No obstante, aunque la ley entrará en vigor en septiembre,
portavoces del Gobierno y de RTVE han asegurado que los contratos que la
televisión pública tiene firmados con publicistas hasta finales de año, se
cumplirán en su totalidad.
Previamente, el Pleno rechazó dos de los tres
vetos puestos a la ley, uno presentado por los senadores Jordi Guillot y Juan
José Nuet, del grupo Entesa Catalana de Progrés, y otro por el grupo de
Senadores Nacionalistas, ya que el tercero, que había presentado ERC, fue
retirado, al igual que las enmiendas que este grupo había dejado para el pleno
de hoy.
Durante el desarrollo de la sesión, tanto el presidente de la Cámara,
Javier Rojo, como el resto de los senadores, han condenado el atentado que ha
tenido lugar esta madrugada en Burgos contra una casa cuartel de la Guardia
Civil.
La senadora socialista Evelina Fernández, en su rechazo a los vetos,
aseguró que, tanto los expertos como la opinión pública, son favorables a que
TVE no emita publicidad y dijo que, si la Ley de Medios de Titularidad Estatal
consagraba la independencia política de los medios públicos, ésta le da la
independencia económica.
El senador del PP, Miguel Sánchez de Alcázar,
rechazó los vetos, resaltó la importancia del proyecto y su acuerdo en que
desaparezca la publicidad en TVE, pero consideró que había sido una buena
oportunidad para llevar la ley adelante con tranquilidad y consenso.
También
criticó que esta ley se haya aprobado antes de la Ley General Audiovisual, "una
ley -dijo- que llevamos cinco años esperando" y discrepó por la forma con la que
se había tramitado, sin tiempo y sin voluntad de consenso.
A partir de que
TVE deje de emitir publicidad, se financiará mediante un porcentaje del 3 por
ciento sobre los ingresos de las televisiones privadas estatales en abierto; del
1,5 por ciento de los operadores de pago y el 0,9 por ciento de los operadores
de telecomunicaciones.
También recibirá un porcentaje sobre el rendimiento de
la tasa sobre reserva del dominio público radioeléctrico, los productos y rentas
de su patrimonio y las aportaciones voluntarias.
El Mandato Marco, con una
duración de nueve años, y el Contrato Programa, cada cuatro años, completarán la
dimensión económica de RTVE y sus límites en su crecimiento anual.
Las
aportaciones de las televisiones privadas, de pago y operadores de
telecomunicaciones sólo podrán ser destinadas a financiar actividades de
servicio público y la Corporación podrá obtener ingresos por el ejercicio de sus
actividades como la comercialización de sus contenidos, siempre que no provengan
de la publicidad.
Las autopromociones, la publicidad institucional o las
campañas divulgativas de carácter social o de contenidos solidarios, no tendrán
la consideración de publicidad y serán gratuitas.
La ley también prevé que
TVE no pueda dedicar más que el 10 por ciento de su presupuesto anual a adquirir
eventos deportivos de interés, aunque se excluyen los Juegos Olímpicos.
TVE
deberá emitir al menos un 60 por ciento de contenidos elaborados en Europa, como
largometrajes, cortos y documentales y no podrá emitir en el conjunto de sus
canales más del 70 por ciento de películas de estreno de las grandes productoras
internacionales.
El fin de la publicidad en TVE ha sido criticado,
principalmente, por los publicistas que han asegurado que pondrá en peligro
18.000 puestos de trabajo y afectará a la productividad de 4.637 empresas
publicitarias.
También han asegurado que supondrá para las 4.637 empresas que
hacen publicidad en televisión, una inflación de precios, mayor saturación y una
clara pérdida de competitividad, lo que provocará que las 1.350 pymes no puedan
asumir el aumento de precios por lo que se quedarán si acceso a este
medio.