ANULACIÓN
La Xunta prevé recaudar 30 millones anuales con el nuevo canon eólico
La Xunta anulará este jueves el concurso eólico, el de mayor envergadura de la
anterior legislatura del Gobierno de coalición, y ha anunciado una ley que
resolverá todo lo vinculado a esta energía, que anulará la participación
pública en los parques, pero creará un canon por los aerogeneradores.
El conselleiro de Economía, Javier Guerra, y el responsable de Industria,
Ángel Bernardo Tahoces, explicaron en rueda de prensa que la decisión de
revocar el concurso por el que se adjudicaron provisionalmente 2.300
megavatios, lo que había prometido el PP, se hizo porque, según informes
jurídicos, el proceso presentó "tachas graves de legalidad".
Por
ello, apuntó Guerra, sería una "grave irregularidad" mantener el proceso
anterior, ante lo que el Gobierno gallego trata de otorgar seguridad jurídica
a la adjudicación de megavatios, dijo.
La Xunta pretende "objetivizar"
los criterios de valoración de los proyectos, por lo que Guerra
informará al Consello semanal del Gobierno de un anteproyecto que regulará
el aprovechamiento eólico en Galicia y creará un canon eólico y un fondo
de compensación ambiental, dirigido a los ayuntamientos en los que están
implantados los aerogeneradores.
El concurso eólico fue resuelto el pasado 26 de diciembre, en que se repartieron entre 29 grupos empresariales 2.290 megavatios, de los que cerca
del 14 por ciento quedaba en manos públicas. En este proceso se habían
generado roces entre los dos socios de Gobierno, socialistas y nacionalistas,
mientras el PP prometió en campaña que anularía el proceso.
Según
explicó Ángel Bernardo Tahoces, el informe de la asesoría jurídica de la
Xunta observa que el decreto que convocó el concurso contiene una "tacha de
legalidad directa e infranqueable" respecto a la participación pública de la
Xunta en las eólicas, porque vulnera un artículo de la Constitución que
proclama la libertad de empresa.
También conculca, dijo, la ley del
sector eléctrico, ya que está liberalizado, por lo que es incompatible su
presencia en el sector público, mientras también se conculca una norma según
la cual se estipula que para la participación de capital público de
las empresas el acuerdo debe pasar por el Consello de la Xunta,
apuntó Tahoces.
Otra vulneración de este decreto, señaló el
responsable de Industria, se refiere a la inseguridad jurídica que crea, ya
que no exige garantía de ejecución de los proyectos ni establece
plazos. Por todos estos motivos, los responsables de la Xunta insistieron
en que tenían que anular el concurso, porque en caso contrario "tramitaría
a sabiendas un procedimiento ilegal".
El anteproyecto de ley que verá
el Consello crea un canon eólico que tendrá "naturaleza ambiental" y
no fiscal, y que servirá el establecimiento de un fondo para los
ayuntamientos en que hayan parques instalados y que, entre otros fines, tendrá
el de promover energías alternativas como el aprovechamiento de biomasa
o generación de plantas energéticas en el campo.
De acuerdo con las
cifras aportadas por el responsable de Industria, se prevé recaudar con el
canon eólico unos 600 millones de euros en 20 años, cuando el anterior
Gobierno había estimado unos 270 mediante la participación pública en los
parques. El canon gravará el número de aerogeneradores que integran los parques con la siguiente cuota tributaria: de cero a tres aerogeneradores, la cuota será de cero euros; de cuatro a siete, la cifra será de 2.300 euros por unidad; entre 8 y 15 la cuota será de 4.100 euros; y en los parques integrados por más de 15 aerogeneradores será de 5.500 euros.
Este canon gravará todos los parques eólicos que se encuentren en funcionamiento en Galicia al final del periodo impositivo. El director xeral de Industria señaló que la recaudación anual cuando estén en funcionamiento los 6.500 megavatios gallegos será de 30 millones de euros, e indicó que si en esos momentos ese canon estuviese vigente se podrían recaudar 23,5 millones.
En el anteproyecto se establece un Fondo de Compensación Ambiental financiado por el canon, el cual se destinará a los concellos afectados por los parques eólicos que padecen impactos ambientales y visuales. El Fondo de Compensación iría destinado a los concellos gallegos afectados por parques eólicos que tendría como objetivo la recuperación del medio natural y el paisaje, actuaciones de impulso de energías renovables, obras de infrestructuras rurales y mejoras de las condiciones socioeconómicas.
Además, el conselleiro y Tahoces explicaron que el
proyecto legislativo recogerá un nuevo procedimiento para la adjudicación
de parques que añadirá mayor transparencia y las obligaciones contraídas
por quienes explotan la energía eólica, y mientras, igualmente, regulará la transmisión de parques.
Según los responsables de la Xunta, la decisión
no supondrá retraso en la puesta en funcionamiento de los
proyectos industriales. Así, calcularon que la ley se tramitará de urgencia
en septiembre, previa consulta con todo el sector, con lo que esperan que
a finales de año esté aprobada. En el primer semestre de 2010 se realizará la admisión a trámite de los
proyectos eólicos y en el segundo semestre supuestamente se obtendrá la
autorización administrativa de los parques.
Preguntado por si cree
que las empresas inicialmente beneficiadas pueden litigar ante la decisión de
anular el proceso, Tahoces insistió en que cualquier acto administrativo está
sujeto a recurso pero apuntó que las medidas que se tomarán contribuirán a
"pacificar el sector".
A este respecto, Javier Guerra insistió en que
las empresas conscientes de la "tacha de ilegalidad" del concurso; que hay
tres recursos presentados y que la situación es de inseguridad jurídica y,
finalmente, señaló que, si en unos años la justicia "tumba" el proceso, se
generaría unas responsabilidades económicas "incalculables" para la Xunta.