CONSELLO
Las nuevas licencias eólicas no se adjudicarán en un solo concurso
La Xunta pedirá al Parlamento de Galicia que la autorice a anular el concurso eólico iniciado por el bipartito. En el proyecto de ley que se presentará a a la Cámara se pide que se habilite al Gobierno para desisistir del procedimiento abierto e iniciar uno nuevo, conforme a las condiciones que se establecerán en la nueva norma. Según el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, ésta es la fórmula aconsejada por la asesoría jurídica de la Xunta como la mejor solución para "dar seguridade xurídica" y "evitar posibles indemnizacións".
Con todo, recordó que ninguno de los actos administrativos efectuados al amparo del decreto que se va a derogar "adquirió firmeza", puesto que se estaba en la fase de admisión a trámite, y no de autorización, por lo que el Ejecutivo considera que "non haberá indemnizacións por esta decisión". "Estamos a tempo" sentenció el presidente.
En la rueda de prensa posterior al Consello da Xunta, Núñez Feijóo desgranó algunas de las claves del anteproyecto de ley que regulará el aprovechamiento eólico en Galicia, y aseguró que tramitar la anulación y el nuevo procedimiento a través de una ley permitirá "gañar máis de medio ano", al evitar que se tenga que elaborar y tramitar un nuevo decreto antes de iniciar el proceso de autorizaciones administrativas.
Dichas autorizaciones para explotar los 2.300 megawatios de potencia eólica que la Xunta volverá a repartir no se darán en un único concurso conjunto, sino que se distribuirán en forma de "paquetes". Núñez Feijóo explicó que no se hará una adjudicación conjunta para evitar que un posible error o problema en una autorización ponga en solfa todas las demás. "A seguridade nos aconsella sacar os parques en distintos paquetes, hai risco de que se sacan todos xuntos suceda o que neste concurso, que se hai unha tacha o concurso quede afectado na súa totalidade" argumentó.
El presidente de la Xunta también aseguró que en el nuevo proceso de autorizaciones "nin o conselleiro de turno nin o Goberno de turno serán os que decidan o que se debe facer, senón que será o Parlamento galego o que garanta a obxectividade e transparencia da adxudicación eólica e o que impoña ao Goberno condicións de publicidade e concorrencia competititiva", en referencia a que será una ley aprobada en la Cámara la que regule el sector. Afirmó además que la decisión no es de "un único conselleiro en contra dalgúns membros do Goberno" sino que se trata de una "decisión colexiada que todo o Executivo asume".
CANON EÓLICO
Alberto Núñez Feijóo insistió en la importancia de que se cree un canon medioambiental que grave la instalación de los molinos eólicos y que se destinará "fundamentalmente" a los ayuntamientos donde están radicados los parques -actualmente alrededor de la mitad de ayuntamientos gallegos cuentan con instalaciones de este tipo-. "Se realmente queremos protexer os intereses de Galicia igual que os encoros pagan un canon polo impacto que producen, tamén outra enerxía alternativa como a eólica debe facelo, os concellos que soportan o seu impacto teñen dereito" argumentó el titular de la Xunta.
Según explicó, está previsto que el 50% de lo recaudado vaya directamente a las arcas municipales, y la otra mitad irá a la hacienda autonómica, aunque con el compromiso de que la "inmensa mayoría" de ese dinero se invertirá en los concellos. Parte de él, sin embargo, podría destinarse a pagar las posibles reclamaciones que puedan efectuar los titulares de proyectos admitidos a trámite en el anterior concurso eólico por los gastos generados.
El presidente de la Xunta destacó que el canon se rige por un principio "medioambiental", por ello se grava el número de molinos, de modo que se incentiva la colocación de menos máquinas pero de mayor potencia evitando "encher a xeografía galega de muíños de vento" y reduciendo el impacto paisajístico de los parques. También atribuyó al impuesto un "principio de xustiza fiscal e tributaria" ya que no sólo afectará a los nuevos parques, sino que también se aplicará a los que ya están en funcionamiento.
Para el Ejecutivo gallego, esta fórmula permitirá que los beneficios de la explotación del viento repercutan en la sociedad gallega, sin recurrir al sistema de participación pública que estableció el bipartito, "que ademais de ser ilegal non garantía o reparto de dividendos" consideró Feijóo, que explicó que el modelo dejaba a la Xunta como accionista minoritaria en los parques y sin posibilidad de garantizar que los beneficios serían repartidos entre los socios. La Xunta calcula que con el nuevo impuesto se recaudarán entre 22 y 30 millones de euros anuales, y destaca que la recaudación comenzará en cuanto se apruebe la ley de creación del canon, porque los parques existentes comenzarán a pagar desde entonces.
"RESTAURAR A LEGALIDADE"
Alberto Núñez Feijóo justificó la decisión del Gobierno gallego de anular el decreto y el concurso eólico desarrollados por el bipartito con la "necesidade de restaurar a legalidade" y apoyándose en el informe de la asesoría jurídica de la Xunta que detectó "ata 4 tachas de ilegalidade que acarrean nulidade de pleno dereito".
Feijóo reiteró las conclusiones del informe expuesto ayer por el secretario xeral de Industria, Ángel Bernardo Tahoces, y señaló entre los problemas del anterior decreto que el procedimiento de adjudicación no puede ser por concesión, sino por autorización administrativa y que no se exigía la acreditació de contar con un punto de interconexión a la red eléctrica para la evacuación de la energía. También señaló que había una "tacha de legalidade directa e infranqueable" en la participación pública en los parques y que se creaba "inseguridade xurídica" al "non incluirse garantías para que os proxectos industriais asociados aos parques chegaran a bo termo".
Frente a esta situación, el presidente autonómico aseguró que la nueva norma busca "revertir" esas "eivas xurídicas". En esta línea se ha establecido la exigencia de un aval de 2% a los adjudicatarios de autorizaciones, que no serán devueltos hasta que el proyecto industrial comprometido esté totalmente ejecutado. Éste también será un requisito para autorizar la transmisión de los parques, que no podrán ser vendidos hasta que estén en funcionamiento y con el proyecto empresarial desarrollado. "Imos frear de forma definitiva calquera tipo de especulación" afirmó Feijóo.
PLANIFICACIÓN
Según el presidente autonómico, la autorización de parques también "respetará" el plan sectorial eólico, de modo que no se adjudicará ninguno fuera de las zonas marcadas. Para Feijóo, la admisión de proyectos en áreas no contempladas en el plan, como asegura hizo el bipartito, sólo puede significar dos cosas: "ou que alguen tiña información privilexiada ou que o anterior Goberno non tiña planificación e o Plan era un documento sen obxecto".
El líder del Ejecutivo gallego afirmó que el nuevo procedimiento que deberá ratificar el Parlamento garantizará la "máxima transparencia e rigor" en el reparto del aprovechamiento eólico y que los principios que han guiado la elaboración del proyecto de ley son la "seguridade xurídica" y la "defensa de los intereses de Galicia" que aseguró, "porase por riba de calquera outro interese por moi lexítimo que sexa".
La declaración de Núñez Feijóo choca con la opinión vertida ayer por el ex-conselleiro de Industria con el bipartito, Fernando Blanco, que acusó a la Xunta de anteponer los intereses de las grandes compañías eléctricas a los gallegos. El presidente no quiso entrar a valorar las críticas de Blanco aunque apuntó que como conselleiro "non fixo favor ningún aos intereses de Galicia" y le recomendó que "cando se fai algo mal, débese aceptar que alguen o faga mellor".
Tras la reunión del Consello da Xunta, Feijóo anunció que esta tarde habrá una reunión con representantes del sector eólico para presentarles el proyecto de ley y reiteró la intención del Gobierno gallego de que la nueva norma esté aprobada a finales de año, de modo que se "recupere o tempo perdido" y las autorizaciones puedan estar resueltas en el segundo semestre de 2010.