Pescanova mantuvo "un pulso" de "desafío" con el Gobierno gallego cuyo resultado ha sido que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "dobla o xeonllo a costa do patrimonio natural de todos os galegos". De ese modo resumió hoy el líder del PSdeG, Manuel Vázquez, la situación generada tras la decisión del pasado Consello de la Xunta de permitir a la empresa retomar el polémico proyecto de instalar una piscifactoría en el enclave protegido de cabo Touriñán.
Vázquez criticó muy duramente que Feijóo "regale de novo" a Pescanova un "icono da protección de espazos naturais" como es cabo Touriñán, recordando que el anterior Gobierno de la Xunta ya había llegado a un acuerdo con la empresa de alimentación en el que le facilitaba dos ubicaciones alternativas -en las localidades lucenses de Xove y Ribadeo- para compensar la falta de autorización al proyecto de Touriñán.
"Pescanova xa recibiu compensacións", proclamó el ex conselleiro de Medio Ambiente Manuel Vázquez, que presentó documentación sobre sendos acuerdos firmados el 22 de mayo y el 1 de junio de 2006 entre el grupo Pescanova y la Consellería de Pesca, en los que se recoge el "cronograma de tramitación de los proyectos alternativos a la planta de Touriñán" y el inicio de procedimientos para ampliar las granjas marinas en Xove y construir una nueva en Ribadeo.
El líder de los socialistas gallegos calificó la decisión sobre cabo Touriñan como una muestra más del "modelo de imposición e sectarismo" de la política de la Xunta, que se caracteriza por "antepoñer intereses particulares ao interés xeral".
Preguntado por la contestación de la Xunta a la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, en la que aseguraban que el ministerio había dado su autorización al proyecto de Pescanova, Manuel Vázquez aludió a la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en la que se señala que la "eiva" del plan acuícola del Gobierno Fraga era precisamente "a falta de avaliacións ambientais".
Asimismo, el dirigente socialista reiteró sus críticas al hecho de que se autorice Touriñán mientras se rechazan proyectos en zonas no protegidas, y lamentó de nuevo que no se mantenga la fórmula de las concesiones administrativas. "A maior garantía é que a titularidade dos terreos sexa pública", recalcó, recordando que ya se han producido casos en España en los que se adquirieron terrenos para piscifactorías a precios simbólicos -un euro el metro cuadrado- y, finalmente, no se materializaron dichos proyectos sino que se construyeron viviendas.