Los grupos parlamentarios aprobaron por unanimidad una proposición no de ley para agilizar los tiempos de tramitación administrativa de los planes urbanísticos, además de impulsar un pacto por el territorio con el conjunto de las fuerzas políticas para modificar la ley del suelo, y abogar por la aprobación de las directrices de ordenación del territorio y el plan del litoral.
La iniciativa, presentada por el PPdeG en su parte inicial, fue transaccionada entre los tres grupos, e incluyó finalmente una parte de la enmienda del PSOE -en concreto, la relativa al pacto por el territorio y la promoción de una nueva ley que permita agilizar los planes de ordenación municipal (PXOMs) sin menoscabo de las evaluaciones ambientales- y la del BNG, que abogaba por evitar inseguridades jurídicas.
En la comisión de Ordenación Territorial de la Cámara, el diputado del PPdeG criticó al anterior Gobierno bipartito por lo que consideró un "uso partidista da lexislación territorial" y les reprochó su "intervencionismo desaforado, entrando a saco nos concellos" y "estigmatizando" al sector de la construcción "no inimigo a batir".
En sus acusaciones, Román Rodríguez destacó que se había creado una "gran alarma social e inseguridade" en la legislatura anterior, que -en su opinión- generó "unha percepción moi negativa do urbanismo" en la que "meteron o medo no corpo aos alcaldes" además de generar una "lentitude enorme" en las tramitaciones, que ahora se pretende subsanar. De hecho, el diputado del PP defendió una Xunta que sea "un socio dos concellos e non un inquisidor".
Por parte de los grupos de la oposición, la diputada socialista Mar Barcón abogó por "aprobar unha Lei do Solo útil" y que no consista en seguir "parcheando" o aprobar leyes "en anaquiños". Barcón, que recordó que la ley que se va a modificar es del propio PP -de hecho, subrayó que Feijóo ya había aprobado como conselleiro de Fraga una reforma de la ley anterior de Xosé Cuíña-, alertó de la intención de la Xunta de "modificar a lei unha terceira vez mirando ás eleccións municipais" de 2012.
La diputada socialista insistió en la necesidad de un pacto político e institucional en el que participen los ayuntamientos, cuestión que fue aceptada por el PP. Sin embargo, Román Rodríguez no aceptó incorporar un punto en el que se abogaba por crear un comisión para emitir un único informe en vez de diversos estudios sectoriales que pueden ser contradictorios. "É unha cuestión técnica", justificó el diputado popular, provocando la queja de Barcón porque "deixamos sen resolver o máis fundamental: o tempo e os informes sectoriais, polo que a tramitación seguirá sendo igual de farragosa".
Desde las filas del BNG, Teresa Táboas criticó el "inmenso cinismo" y la "incoherencia terrible" del Partido Popular en materia de planificación urbanística, señalando que "se hai un tema onde non teñen credibilidade é na ordenación do territorio e na protección urbanística", acusándolos de haber promovido "barbaridades" y recordando que el propio Xosé Cuíña tuvo que acudir en su día al intervencionismo que ahora tanto critica el PP en los casos de los municipios de O Grove y Ponteareas por las "falcatrúadas" que allí se cometían.
SEGURIDAD VIAL
Por otro lado, no prosperó una proposición no de ley del grupo socialista en la que abogaban por continuar con el Plan Galego de Seguridade Viaria aprobado por el bipartito, ya que el debate se agrió y se convirtió en una crítica del PP a la política del anterior Ejecutivo. El diputado popular Alejandro Gómez, que comenzó su intervención llamando a "non frivolizar" con el tema y alejarlo de la disputa política, recriminó que no se cumplieron 69 de las 74 medidas incluidas en el plan y recordó que el verano de 2007 había sido el "peor" en seguridad vial, con 33 muertos en agosto, "un falecido cada 22 horas".
Ante esto, el diputado del PSdeG Pablo López Vidal mostró su "noxo" por el hecho de que el PP pusiese "os cadaleitos enriba da mesa" y criticó que las medidas en el Gobierno Fraga consistían en "repartir pegatinas nunhas carpas cuns bonecos amarelos". Defendió la efectividad del plan del bipartito y acusó al PP de no poder tener "a conciencia tranquila" porque "teñen pouca conciencia".
La diputada nacionalista Teresa Táboas, por su parte, resaltó que la realidad gallega en la materia es muy diferente a la del conjunto estatal, por lo que es necesario "dar unha resposta desde o propio". En el debate, también se aludió -por parte del PP- a la conveniencia de que lo recaudado en multas de tráfico en Galicia se destine a mejorar la seguridad vial, además de defender el aumento de los efectivos de la Guardia Civil de Tráfico.
RECOGIDA DE VOLUMINOSOS EN SOGAMA
Otra de las proposiciones que no salió adelante en la comisión segunda fue la presentada por el PSdeG para que la Xunta se hiciese cargo del diferencial de coste que supone para los ayuntamientos el hecho de que Sogama no recoja residuos voluminosos desde el 1 de septiembre. El diputado del PP Daniel Varela se opuso por considerar que el diálogo entre consellería y Fegamp ya está en marcha.
Desde el PSdeG, Gallego señaló que es "tarde" para abrir el diálogo y reclamó "compromiso", recordando que con los últimos beneficios de Sogama hay dinero suficiente; mientras que el BNG coincidió en que la solución al problema debe venir de la Xunta. Donde sí coincidieron los grupos fue en la necesidad de impulsar los puntos limpios.
Los grupos parlamentarios aprobaron por unanimidad una proposición no de ley para agilizar los tiempos de tramitación administrativa de los planes urbanísticos, además de impulsar un pacto por el territorio con el conjunto de las fuerzas políticas para modificar la ley del suelo, y abogar por la aprobación de las directrices de ordenación del territorio y el plan del litoral.
La iniciativa, presentada por el PPdeG en su parte inicial, fue transaccionada entre los tres grupos, e incluyó finalmente una parte de la enmienda del PSOE -en concreto, la relativa al pacto por el territorio y la promoción de una nueva ley que permita agilizar los planes de ordenación municipal (PXOMs) sin menoscabo de las evaluaciones ambientales- y la del BNG, que abogaba por evitar inseguridades jurídicas.
En la comisión de Ordenación Territorial de la Cámara, el diputado del PPdeG criticó al anterior Gobierno bipartito por lo que consideró un "uso partidista da lexislación territorial" y les reprochó su "intervencionismo desaforado, entrando a saco nos concellos" y "estigmatizando" al sector de la construcción "no inimigo a batir".
En sus acusaciones, Román Rodríguez destacó que se había creado una "gran alarma social e inseguridade" en la legislatura anterior, que -en su opinión- generó "unha percepción moi negativa do urbanismo" en la que "meteron o medo no corpo aos alcaldes" además de generar una "lentitude enorme" en las tramitaciones, que ahora se pretende subsanar. De hecho, el diputado del PP defendió una Xunta que sea "un socio dos concellos e non un inquisidor".
Por parte de los grupos de la oposición, la diputada socialista Mar Barcón abogó por "aprobar unha Lei do Solo útil" y que no consista en seguir "parcheando" o aprobar leyes "en anaquiños". Barcón, que recordó que la ley que se va a modificar es del propio PP -de hecho, subrayó que Feijóo ya había aprobado como conselleiro de Fraga una reforma de la ley anterior de Xosé Cuíña-, alertó de la intención de la Xunta de "modificar a lei unha terceira vez mirando ás eleccións municipais" de 2012.
La diputada socialista insistió en la necesidad de un pacto político e institucional en el que participen los ayuntamientos, cuestión que fue aceptada por el PP. Sin embargo, Román Rodríguez no aceptó incorporar un punto en el que se abogaba por crear un comisión para emitir un único informe en vez de diversos estudios sectoriales que pueden ser contradictorios. "É unha cuestión técnica", justificó el diputado popular, provocando la queja de Barcón porque "deixamos sen resolver o máis fundamental: o tempo e os informes sectoriais, polo que a tramitación seguirá sendo igual de farragosa".
Desde las filas del BNG, Teresa Táboas criticó el "inmenso cinismo" y la "incoherencia terrible" del Partido Popular en materia de planificación urbanística, señalando que "se hai un tema onde non teñen credibilidade é na ordenación do territorio e na protección urbanística", acusándolos de haber promovido "barbaridades" y recordando que el propio Xosé Cuíña tuvo que acudir en su día al intervencionismo que ahora tanto critica el PP en los casos de los municipios de O Grove y Ponteareas por las "falcatrúadas" que allí se cometían.
SEGURIDAD VIAL
Por otro lado, no prosperó una proposición no de ley del grupo socialista en la que abogaban por continuar con el Plan Galego de Seguridade Viaria aprobado por el bipartito, ya que el debate se agrió y se convirtió en una crítica del PP a la política del anterior Ejecutivo. El diputado popular Alejandro Gómez, que comenzó su intervención llamando a "non frivolizar" con el tema y alejarlo de la disputa política, recriminó que no se cumplieron 69 de las 74 medidas incluidas en el plan y recordó que el verano de 2007 había sido el "peor" en seguridad vial, con 33 muertos en agosto, "un falecido cada 22 horas".
Ante esto, el diputado del PSdeG Pablo López Vidal mostró su "noxo" por el hecho de que el PP pusiese "os cadaleitos enriba da mesa" y criticó que las medidas en el Gobierno Fraga consistían en "repartir pegatinas nunhas carpas cuns bonecos amarelos". Defendió la efectividad del plan del bipartito y acusó al PP de no poder tener "a conciencia tranquila" porque "teñen pouca conciencia".
La diputada nacionalista Teresa Táboas, por su parte, resaltó que la realidad gallega en la materia es muy diferente a la del conjunto estatal, por lo que es necesario "dar unha resposta desde o propio". En el debate, también se aludió -por parte del PP- a la conveniencia de que lo recaudado en multas de tráfico en Galicia se destine a mejorar la seguridad vial, además de defender el aumento de los efectivos de la Guardia Civil de Tráfico.
RECOGIDA DE VOLUMINOSOS EN SOGAMA
Otra de las proposiciones que no salió adelante en la comisión segunda fue la presentada por el PSdeG para que la Xunta se hiciese cargo del diferencial de coste que supone para los ayuntamientos el hecho de que Sogama no recoja residuos voluminosos desde el 1 de septiembre. El diputado del PP Daniel Varela se opuso por considerar que el diálogo entre consellería y Fegamp ya está en marcha.
Desde el PSdeG, Gallego señaló que es "tarde" para abrir el diálogo y reclamó "compromiso", recordando que con los últimos beneficios de Sogama hay dinero suficiente; mientras que el BNG coincidió en que la solución al problema debe venir de la Xunta. Donde sí coincidieron los grupos fue en la necesidad de impulsar los puntos limpios.