ACUSACIÓN
El Consorcio do Benestar acusa al BNG de pagar medio millón por un servicio de transporte interno a una empresa designada "a dedo"
El gerente del Consorcio Galego de Servizos da Igualdade e do Benestar, Roberto Rodríguez, culpó a los nacionalistas de contratar de forma irregular un servicio de transporte interno destinado a cubrir los desplazamientos de la dirección del ente, durante el bipartito.
Rodríguez contraatacó así las críticas del diputado del BNG Carlos Aymerich, quien le acusó directamente de "contratar un chófer para o seu servizo" echando mano "das listas do Inem", en lugar de recurrir a un procedimiento público. Según aseguró el gerente del consorcio --creado por el ex vicepresidente de la Xunta Anxo Quintana--, el anterior equipo directivo de la entidad pública adjudicó un contrato para un servicio de "loxística de transporte e desprazamento diario" entre la sede de la Xunta, en San Caetano, y la del Consorcio, situada en la calle Amor Ruibal, por un importe de 60.000 euros. Si bien, "en dous anos" la empresa concesionaria --supuestamente "vinculada ó BNG"-- llegó a facturar "máis de medio millón de euros".
Con todo, el Consorcio también habría requerido durante el anterior Gobierno de PSOE y BNG los servicios de un "taxista" designado "a dedo", que habría cobrado "entre 1.900 e 1.000 euros ó mes" por efectuar el servicio de transporte, aunque la plaza de chófer no estaba prevista en la relación de puestos del ente.
Ante las acusaciones vertidas por el gerente del ente adscrito ahora a la Consellería de Traballo e Benestar, tanto el BNG como el PSdeG conminaron a Rodríguez a que "presente todos os datos" y facilite el nombre de la compañía a la que supuestamente habrían beneficiado los nacionalistas. "Esiximos que aporte os datos que proban o que expuxo", aseveró la parlamentaria socialista Laura Seara.
Pero éste no fue el único cruce de acusaciones registrado durante una sesión parlamentaria que, pese a su brevedad, se caracterizó por su tono bronco. La polémica surgió nada más iniciarse la reunión, cuando el presidente de la Mesa de la Comisión, el popular Miguel Ángel Santalices, anunció que cuatro de las preguntas del orden del día quedaban "aprazadas" debido a que la Xunta comunicó a última hora que los altos cargos que debían acudir a responder no podrían hacerlo por cuestiones personales y de agenda.
"O Goberno ten a obriga de responder solidariamente, polo que se estas persoas non poden vir, terá que mandar a outros", insistió el nacionalista Carlos Aymerich, tras lo que Santalices se comprometió a "trasladar esta suxerencia ó Goberno".
El otro punto de desacuerdo se fundamentó en la composición de la orden del día, que incluía cuatro preguntas del PPdeG para su respuesta por parte del Ejecutivo, frente a tres del PSdeG y a solo una del BNG. Ante este hecho, Aymerich pidió "explicacións" a los miembros de la Mesa, de la que el Bloque quedó excluido en función de las cuotas de representación parlamentaria. "Se isto se debe a algún tipo de acordo entre PP e PSOE para excluir o BNG, dígano", espetó, ante lo que el diputado popular insistió en que la comisión "trata de flexibilizar" la composición de la orden del día "para que ningún grupo saia perxudicado". Por su parte, la secretaria del órgano, la socialista Carmen Acuña, invitó a Aymerich a que "revise as actas" de las últimas reuniones de la mesa para comprobar que el PSOE "está en desacordo" con la composición de la orden del día de los debates.