MEDIO AMBIENTE
Las ayudas del Fidac llegan con cuentagotas siete años después del Prestige
Con un proceso judicial que entra al fin en la fase de preparación del juicio oral y a solo un mes de que se cumplan los siete años de la catástrofe del Prestige, el Gobierno central tiene otro frente abierto, el de los costes del vertido. Y es que, según consta en el último informe del Fondo Internacional de Indemnización de Daños debidos a la Contaminación por Hidrocarburos (Fidac), España reclama a este órgano un total de 968,5 millones de euros. Esto supone más del doble de los 383,7 millones que el Ejecutivo de Aznar demandó en octubre de 2003, tras su primera estimación de los daños de un naufragio que tiñó de negro unos 3.000 kilómetros de litoral entre Galicia y Francia.
La demanda de Madrid, que será debatida esta semana por el Comité Ejecutivo del Fidac, incluye los costes de la limpieza y de tratamiento de los residuos, la extracción del petróleo del pecio, el pago de las indemnizaciones a los afectados, la desgravación fiscal a empresas perjudicadas, los costes administrativos y las campañas publicitarias. Además, también recoge el desembolso ejecutado por 67 municipios y que fue asumido por el Gobierno, así como los fondos de los que tuvieron que echar mano los ejecutivos autónomos de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco.
La factura española por la mayor catástrofe ecológica de los últimos años se completa con otros 52 millones que demandan al fondo 830 afectados de los sectores de la acuicultura, de la pesca y del marisqueo, así como del turismo, entre otros. A 2 de septiembre de este año, 794 de estas reclamaciones habían sido evaluadas en solo 3,9 millones, de manera que el Fidac --que solo asume una parte-- pagó algo más de 527.000 euros. Con todo, a estas alturas aún quedan pendientes de resolución varias solicitudes por falta de documentación.
Los Fidac se nutren de la aportación de las petroleras, principales beneficiarias del jugoso negocio que deriva del tráfico marítimo de hidrocarburos, y fueron concebidos para indemnizar a las víctimas de siniestros ecológicos cuando la cuantía asumible por el propietario del buque y su aseguradora resultan insuficientes para cubrir todos los daños. En el caso del Prestige, el organismo limitó su contribución a entre el 15 y el 30% de las pérdidas que estimen sus peritos, fijando --no obstante-- un límite de a 171,5 millones, incluidos los 22,7 aportados por la aseguradora del buque en virtud del convenio de responsabilidad civil.
Desde que se produjo la catástrofe en noviembre de 2002, España ingresó solamente 114,5 millones de euros, una cuantía mínima teniendo en cuenta que el Gobierno calculaba gastar unos 50 millones en indemnizaciones, mientras que la extracción de fuel del pecio se disparó hasta los 109,2. Además, el último pago a favor del Ejecutivo español data de marzo de 2006.
Con todo, la decisión de la Audiencia Provincial de A Coruña de volver a imputar al ex director general de la Marina Mercante José Luis López-Sors podría complicar aún más las cosas para España. Y es que si el ex alto cargo del Ministerio de Fomento es condenado por un delito contra el medio ambiente con imprudencia muy grave, el Gobierno central podría tener que afrontar “a devolución da totalidade ou parte dos fondos” cobrados de la organización internacional.
Así lo explica el juez Luis Villares Naveira, autor de un estudio en el que pone de manifiesto las lagunas del sistema de responsabilidad civil en los casos de vertidos de hidrocarburos. El experto recuerda que ésta no sería la primera ocasión en la que el Gobierno central se enfrenta en solitario a los costes de una catástrofe marina. “Na sentencia do Mar Exeo, a Audiencia Provincial de A Coruña condenou ó Estado pola responsabilidade derivada da actuación do práctico do porto coruñés, polo que tivo que facerse cargo dunha parte importante das indemnizacións”, constata, tras lo que recuerda que aunque la actuación de López-Sors “puido determinar que as consecuencias fosen maiores”, esto no es suficiente para que se exima de responsabilidad a las aseguradoras.