PARLAMENTO
López Abella culpa al bipartito de "contratar a dedo" a los 104 trabajadores de las 19 oficinas de I+B
La secretaria xeral de Familia e Benestar, Susana López Abella, acusó al bipartito de "contratar a dedo" a los 104 trabajadores de las 19 oficinas de I+B (Igualdade e Benestar) puestas en marcha en Galicia en la última legislatura. La representante de la Consellería de Traballo e Benestar salió así al paso de una pregunta formulada por la diputada socialista Laura Seara, quien demandó explicaciones la Xunta sobre el futuro de estas instalaciones encargadas de articular los equipos de Igualdade, de Inclusión Social y los del Plan da Infancia e da Adolescencia del Consorcio Galego dos Servizos da Igualdade e do Benestar.
Evitando confirmar si la Xunta prescindirá de estos servicios, López Abella explicó que cuentan con un presupuesto para este año de 3,78 millones de euros, el 10,6% de los presupuestos del consorcio. En cuanto a la plantilla, aseguró que 102 de los trabajadores fueron contratados "por obra e servizo", mientras que "os outros dous son interinos". "Non se convocou ningún proceso de selección, senón que foron elixidos a dedo e con contratos precarios", sostuvo la política lucense, quien criticó al PSOE por avalar este sistema de contratación durante su Gobierno de coalición con el BNG.
Según denunció la parlamentaria socialista, en los presupuestos de Traballo para 2010 "non se recolle ningunha partida" dedicada para estas instalaciones, en las que ya se están dando "recortes de persoal e recursos". Por provincias, A Coruña cuenta con oficinas en Ames, Arzúa, As Pontes, Carballo, Noia y Teixeiro; mientras que las de Lugo se sitúan en Baralla, Begonte, Mondoñedo y Monforte; las ourensanas están en A Rúa, Celanova, O Carballiño y Xinzo; y en Pontevedra disponen de este servicio en Gondomar, Lalín, Marín, O Porriño y Vilagarcía.
Tras culpar a la secretaria xeral de "evitar aclarar se van seguir abertas ou non", Seara reconoció que la forma dde contratación "non é a máis apropiada", si bien, constató que se trata de un recurso del que echa mano la Administración cuando, como en este caso, interesa iniciar una prestación "de forma rápida". Además, recordó que el bipartito convocó unas oposiciones que fueron suspendidas por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, con las que se pretendía "normalizar" la situación de las plantillas.
Cuestionando la pertinencia de mantener las oficinas de I+B cuando los concellos gallegos "xa dan servizos de inclusión social", la representante de Traballo e Benestar se remitió a declaraciones de alcaldes socialistas como el de O Carballiño, quien en su día consideró la habilitación de esta red como "unha inxerencia" de la antigua Vicepresidencia de la Xunta en la política municipal.
Otro de los aspectos controvertidos abordados en la Comisión de Sanidade fueron los cambios anunciados por el Gobierno gallego en el seno del Consorcio Galego da Igualdade. En este punto, la secretaria xeral de Familia e Benestar, Susana López Abella acusó al bipartito de poner en marcha una "axencia de colocación de militantes", con un modelo de gestión "pouco eficiente e pouco claro". De esta manera, respondió a una pregunta formulada por la socialista Laura Seara, quien se interesó por las medidas articuladas por su departamento para "despolitizar" el ente encargado de gestionar las políticas de dependencia, igualdad y las escuelas infantiles. En este sentido, Seara arremetió contra el actual gerente del órgano, Roberto Rodríguez, culpando a la Xunta de presentarlo como "un técnico" para después enviarlo al Parlamento a responder a las preguntas de la oposición "coa careta do PP".
Además, la diputada del PSdeG acusó a la consellería de "non convocar" a la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para abordar el desarrollo de la Ley de Dependencia, pese a llevar seis meses en el Gobierno.
"Está claro que hai que cambiar moitas cousas no funcionamento do consorcio", admitió López Abella, atribuyendo prácticas "chantaxistas" al bipartito, al "obrigar" a varios concellos a "adherirse" al consorcio a cambio de seguir recibiendo fondos públicos.
Entre las modificaciones impulsadas por la Xunta en los últimos meses en el ente público, López Abella destacó la integración de los fondos que corresponden al consorcio en los Orzamentos de la Xunta para 2010. La integración de las antiguas 'galescolas' en la Rede Galega de Escolas Infantís de la Xunta, así como la revisión del proceso de oposiciones y el diseño de un nuevo sistema de listas de contratación, son otros de los "cambios" que expuso López Abella. Así, contrapuso la gestión "democrática" del ente público que --a su juicio-- defiende el actual gerente, al trabajo realizado por el bipartito. "As palabras democracia e Consorcio era incompatibles coma o aceite e o vinagre" para la antigua Vicepresidencia, zanjó la secretaria xeral.
POLÉMICA ORDEN DEL DÍA
En una sesión caracterizada por su tono bronco, el diputado del BNG Carlos Aymerich manifestó nuevamente su desacuerdo con la elaboración del orden del día de la comisión. Así, afirmó que la inclusión de iniciativas de los grupos políticos "non responde a ningún tipo de proporcionalidade". Aymerich acusó a PP y PSOE, formaciones con representación en la Mesa de la Comisión de Sanidade de manterner "un pacto" para "reducir a presenza" del Bloque en los debates semanales. Además, censuró el aplazamiento de iniciativas, extremo con el que concordó el presidente de la Mesa, el diputado popular Miguel Santalices.
Contraria a las acusaciones del BNG, la socialista Laura Seara negó la existencia de un acuerdo con el Partido Popular "nesta mesa nin en nigún outro lugar". "Estamos abertos e dispostos a que todos os grupos parlamentarios teñan representación", zanjó.