EXIGEN UNA INVESTIGACIÓN
La CIG denuncia ante la fiscalía las "filtracións" en las oposiciones a la Función Pública
La sección de Administración Autonómica del sindicato CIG presentó ante la fiscalía una denuncia para que se abra una investigación por las supuestas "filtraciones" detectadas en las últimas oposiciones a la Xunta. En esta línea, la central entregó al Ministerio Público un informe con "indicios suficientes para pensar que puido cometerse un delito" de fraude en los exámenes de los grupos C1 -cuerpo administrativo de la Administración xeral- y C2 -cuerpo auxiliar de la Administración xeral- que se celebraron a finales de septiembre en la localidad pontevedresa de Silleda y que congregaron a miles de aspirantes a funcionarios.
En el mencionado informe, la CIG, hace especial hincapié en el "feito extraordinario" de que tres hermanos aprobasen la primera prueba con las mejores calificaciones. Así mismo, insta a que se investigue el examen de un cuarto opositor que también obtuvo una nota positiva, y que tiene relación familiar con los hermanos.
Los hechos denunciados desde el sindicato nacionalista aluden también a la casualidad de que los cuatro aspirantes a una plaza en la Función Pública antes citados rellenaron su matrícula fuera del periodo ordinario habilitado por el Gobierno gallego unos tres meses antes de que arrancar el proceso de selección.
El origen de la polémica, cuya posible investigación queda ahora en manos de la fiscalía, se remonta a julio del 2008. Por aquel entonces, el bipartito formado por PSdeG y BNG convocó las oposiciones al grupo C, cuyo plazo de inscripción finalizaba el 20 de septiembre del mismo año. Antes de las pruebas se celebraron las elecciones autonómicas del 1 de mayo, que llevaron al PPdeG a la Xunta. El nuevo Ejecutivo aprobó una norma por la que desaparece la obligación de superar un examen en lengua gallega para acceder a la función pública.
A raíz de esta reforma, la Xunta abrió un plazo extraordinario para nuevas inscripciones, argumentando que los opositores que habían declinado apuntarse por no poder superar una prueba de gallego no podían ser discriminados ahora, con la nueva norma en vigor.
INVESTIGACIÓN INTERNA SIN SINDICATOS
El malestar que generó el aprobado de los tres hermanos llevó a la CIG a poner el caso en manos de la fiscalía, pese a que desde la Dirección Xeral da Función Pública ya se puso en marcha una investigación interna. Según explicó el secretario nacional de CIG-Autonómica, Manuel Gallardo Canitró, los sindicatos quedaron fuera de la comisión nombrada para aclarar los hechos y la central nacionalista "non permitirá que haxa ningún intento de entrar na administración pública por formas non establecidas".
Para evitarlo, la denuncia presentada ante el Ministerio Público insiste en la necesidad de que la fiscalía tome declaración al presidente y al secretario del tribunal nombrado por la Xunta. Canitró entiende que los indicios aportados por el sindicato al que representa "deberían ser suficientes", dijo, para que en las próximas semanas se abra una investigación.