La decisión por parte de la Comisión Europea de estudiar por vía ordinaria, y en
consecuencia más larga, la orden ministerial de desarrollo de la Ley de Cine ha
sido recibida con normalidad por los organismos oficiales y agitación en entre
los cineastas.
La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha salido al
paso del cruce de declaraciones afirmando que la orden sobre las subvenciones al
cine "es la más adecuada" y, por ello, confía en que la decisión de la Comisión
Europea de no tramitarla de forma urgente sólo retrase su aplicación sin variar
su contenido.
González-Sinde ha explicado que la decisión en Bruselas de no
aceptar la solicitud de España de tramitar por el procedimiento de urgencia esta
orden que desarrolla la Ley del Cine es algo "habitual, normal" que pasa con
muchos otros trámites que afectan a otros asuntos a los que no se les da tanto
eco y "entraba dentro de lo previsible".
Su voluntad de no crear agitación
alrededor de este cambio de rumbo en el proceso coincide con la que ofreció el portavoz de la Comisión Europea para la Competencia, Jonathan Todd, que ha
calificado de "normal" el procedimiento y ha insistido en que esta ralentización
no prejuzga la compatibilidad o no del sistema con la legislación
europea.
Según explicó en rueda de prensa Todd, los servicios de la CE han
pedido aclaraciones a las autoridades españolas en relación con las objeciones
presentadas por la asociación Cineastas contra la Orden a finales del mes de
octubre. Todd aseguró que la Comisión Europea iba a analizar las ayudas del
cine por el procedimiento simplificado pero que, al recibir la carta del
colectivo de cineastas, decidió pasar al ordinario.
"Recibimos una misiva de
un grupo de productoras españolas y la hemos reenviado a las autoridades
españolas junto con la petición de que nos den respuestas", dijo el
portavoz.
La plataforma que envió la carta, Cineastas contra la Orden, pidió,
en cambio, que no se le considerara "culpable" del parón y no reconoció sentirse
"esperanzada" por la efectividad de una carta que enviaron "más por principios
que por cuestiones prácticas".
"Quizá la causa haya sido el que se haya
publicado la orden ministerial en el BOE antes de consultar a Bruselas, por lo
que a lo mejor esta ralentización del proceso venga más del propio ICAA
(Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales) que de nosotros", señaló el
cineasta Felipe Vega, miembro de este movimiento.
Más pacificador, el
presidente de la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales
Españoles (FAPAE), Pedro Pérez, aseguró que confía en que el Gobierno "se mueva
con la celeridad suficiente" ante Bruselas para que ésta dé vía libre este año a
la orden ministerial de la que dependen las ayudas a la producción
cinematográfica, que por el momento quedan suspendidas hasta 2010.
Pérez
adelantó que González-Sinde, y el director general del Instituto de la
Cinematografía (ICAA), Ignasi Guardans, tratarán el tema el próximo viernes en
Bruselas, coincidiendo con la Consejo de Ministros de Cultura que tendrá lugar
en la capital belga.
"Espero que en muy poco tiempo se restablezca la
normalidad, es decir que Bruselas diga que las ayudas que se contienen en la
orden son conformes a Derecho; nosotros estamos convencidos de ello", ha añadido
el presidente de los productores españoles.
Finalmente, la Asociación de
Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales (CIMA) volvió a insistir en que la
discriminación positiva para las cineastas que propone la orden ministerial es
aplicable en una situación "altamente improbable" y que "aunque funcionasen, no
serían justas". "Hay que corregir la discriminación en origen, pero una vez
corregido eso, queremos competir en igualdad de condiciones", explicó Inés
París, presidenta de la asociación.
"Si no hay mujeres en el tejido
industrial del cine, la incorporación de la mujer al sector es imposible" y se
mantendrá una situación que consideró de "minoría escandalosa", concluyó.