VIOLENCIA MACHISTA
La mayoría del PP rechaza una proposición para hacer públicos los nombres de maltratadores condenados
Los votos negativos de la mayoría del PPdeG impidieron que prosperase una proposición no de ley del grupo socialista que abogaba por incluir las sentencias condenatorias por malos tratos que se dicten en Galicia, haciendo públicos los nombres de los maltratadores -siempre que la víctima lo consienta- en el informe anual del Parlamento sobre la situación de la violencia de género.
La diputada popular María Ángeles Díaz Pardo justificó el rechazo de su grupo argumentando que la publicación de los nombres choca con la ley de protección de datos y poniendo en duda la efectividad de la medida, que podría ser ilegal, pese a estar vigente en administraciones como la Junta de Castilla La Manca o el ayuntamiento de Barakaldo (Euskadi), entre otros. En opinión del PPdeG, se debe "reeducar" y no "estigmatizar" a los agresores.
La autora de la proposición, la socialista Laura Seara señaló que la medida es "controvertida, pero non ilegal" y mostró su incomprensión por el hecho de que el PP apoye que se hagan públicas las sentencias de los terroristas y no éstas. "Ese é o problema do seu partido", sentenció, recordando casos como la falta de condena del ex presidente Manuel Fraga al ex alcalde de Toques Jesús Ares, condenado por abusos sexuales a una menor. Seara defendió que su propuesta no supone crear un fichero ni hacer públicas las caras de los maltratadores, y subrayó que su iniciativa no buscaba "impedir a reinserción dos maltratadores" sino mostrar "tolerancia cero" ante estos casos.
Por su parte, la parlamentaria del BNG Ana Pontón reclamó actuaciones de todas las administraciones para combatir la violencia de género, recalcando que pese a los "avances" registrados en los últimos años, todavía es "insuficiente". Asimismo, lamentó que el Gobierno actual de la Xunta no tenga entre sus "prioridades" este asunto.
OFICINAS DE I+B
Por otro lado, el PPdeG rechazó también una proposición no de ley del BNG que reclamaba el mantenimiento de las oficinas de Igualdade e Benestar (I+B) de la Xunta y la consolidación del empleo de los trabajadores de dichas oficinas. El portavoz parlamentario nacionalista, Carlos Aymerich, acusó al PP de "desmontar e privatizar o sistema galego de benestar".
El PP argumentó su rechazo aludiendo a la carencia de "cobertura orzamentaria" o al hecho de que "invadían competencias dos concellos", cuestiones ambas que rechazó Aymerich. La diputada del PP Marta Rodríguez Arias criticó el cambio de postura del PSdeG --que se abstuvo en la votación de esta mañana--, indicando que habían sido "os máis críticos cando se falou da posta en marcha destas oficinas, que consideraban delegacións comarcais da Vicepresidencia de Anxo Quintana".
El PP reprochó al BNG que no hubiesen firmado contratos indefinidos en su día si querían mantener esos puestos, lo que Aymerich asumió como un "erro" causado por un exceso de prudencia.