El mes de septiembre se acerca peligrosamente para los hosteleros gallegos, que a finales de agosto deberán tener ya adaptados sus establecimientos a la nueva normativa antitabaco. La moratoria de ocho meses que han tenido los propietarios de locales de más de 100 m2 para habilitar zonas para los fumadores desde la entrada en vigor a principios de año de la ley no ha sido suficiente para la mayoría de empresarios. El presidente de la Federación de Hostelería de la provincia de Pontevedra, Carlos Rodríguez, se preguntó en Radio Líder por qué en unas comunidades son más estrictos que en otras a la hora de aplicar la misma ley. El empresario tiene claros los motivos de estas diferencias: intereses políticos. Pide que se aclaren, porque no se puede jugar ni con los profesionales, ni con la salud pública. Lamenta que sean siempre los mismos los que paguen las consecuencias. El presidente de los hosteleros pontevedreses considera que el plazo fijado del 1 de septiembre es precipitado para un sector que mueve su mayor volumen de negocio en verano. Pide que se prolongue hasta enero del año que viene ya que, con 4 meses más de margen, la gran mayoría de los 36.000 negocios gallegos de más de 100 metros cuadrados ya estarían correctamente adaptados a la nueva ley antitabaco. Rodríguez recuerda que a un hostelero esta reforma le supone un gasto excesivamente elevado, entre 6.000 y 15.000 euros dependiendo del local y el Ministerio de Sanidad no arrima nada el hombro en este sentido. Mientras el sector espera respuesta, desde la Consellería de Sanidade afirman que, si el mes que viene no están listos los locales, los hosteleros tendrán que hacer frente a una sanción por incumplir la normativa sanitaria. Las mismas fuentes aclaran que las multas no tendrán afán recaudatorio y no habrá refuerzo de inspectores para esa tarea.