El presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, arremetió en Vigo contra la Xunta por el permiso concedido a la multinacional noruega Stolt Sea Farm para instalar una nueva piscifactoría en la localidad coruñesa de Porto do Son, decisión sobre la que se confesó "sorprendido". Asimismo, explicó que la empresa realiza estudios económicos sobre la ubicación alternativa a su proyecto inicial para Cabo Touriñán, rechazado por la Xunta al encontrarse dentro de la Red Natura. A este respecto advirtió de que, a pesar de que sus técnicos estudian la opción apuntada por la Xunta en Ribadeo, la empresa trabaja con varias ubicaciones "en España y Portugal", entre las que se encuentra la de la costa lucense, aunque no descartó "optar por otra" según lo que concluyan los estudios. Pescanova también anunció que prevé inaugurar en octubre la ampliación de sus instalaciones acuícolas en el concello lucense de Xove. Stolt Sea Farm Sobre el permiso concedido por la Xunta para la instalación de la piscifactoría de Stolt Sea Farm en Porto do Son, Fernández de Sousa considera que la autorización se dio "en un momento poco adecuado" teniendo en cuenta la situación de los tres buques gallegos apresados en ese país. En este sentido, explicó que "a nosotros nos mandan estudiar acantilados" mientras que a otros "les dan las playas". Criticó que a la empresa noruega se le den esos terrenos cuando tres buques gallegos están apresados "sin el amparo del derecho internacional". Por ello, opinó que España debe recurrir al tribunal de La Haya, ya que se trata de un caso "mucho más grave que el Estay", refiriéndose a la 'guerra del Fletán' un conflicto pesquero surgido contra Canadá en 1995. El presidente de Pescanova explicó que "nosotros también estudiamos esa ubicación" -en referencia a Porto do Son-, auque la descartaron por su cercanía a un entorno de playas, a las Dunas de Corrubedo y al Castro de Baroña. En este sentido, afirmó que de haberla propuesto a la Xunta "seguramente habrían dicho que sí", pero le parece una zona "poco acertada". Según concluyó, la actitud del Gobierno gallego no responde al "favoritismo", sino que es "absurda".