INFORME SOBRE EL DECRETO DEL GALLEGO
El Consello da Cultura Galega apoya la inmersión lingüística en casos como el del gallego
El Consello da Cultura Galega (CCG) aconsejó a la Xunta que no adopte
decisiones "unilaterales" sobre el uso de lenguas oficiales en la Comunidad y
abogó por consensuar en el marco parlamentario un modelo "flexible" que
garantice la "igualdad plena" del gallego y el castellano.
El dictamen del CCG, aprobado ayer en sesión plenaria, fue expuesto hoy en
rueda de prensa por su presidente, Ramón Villares, y el coordinador de la
comisión que lo redactó, Henrique Monteagudo, después de que el Gobierno gallego
le pidiera un informe sobre las "Bases para la elaboración del decreto del
plurilingüismo".
El borrador de la Xunta ha causado bastante polémica por el reparto
curricular de las clases a razón de un tercio en gallego, otro en castellano y
el tercio restante en lengua extranjera, frente al decreto actual que establece
al menos el 50 por ciento en gallego.
Las conclusiones del CCG discrepan de las propuestas del Gobierno gallego
empezando por la denominación de la norma, que debería referirse al "carácter
regulador del uso de las lenguas oficiales en el sistema educativo y de
promoción del idioma gallego".
Además, es partidario de tener en cuenta el principio de progresividad y el
papel de refuerzo del sistema educativo para conseguir la "igualdad plena del
gallego y del castellano", con arreglo a lo establecido en el Plan General de
Normalización Lingüística acerca de que, "como mínimo, el alumnado reciba el 50
por ciento de su docencia en gallego".
Así, argumenta que una norma como la analizada, que contempla pasar de un
mínimo del 50 por ciento a un máximo del 33 por ciento de enseñanza en gallego,
"no puede considerarse ni equitativa ni equilibradora", sino al contrario,
precisa.
Sobre este aspecto, el CCG es partidario de contemplar la oferta educativa en
gallego en el primer ciclo de la educación infantil (0-3 años) o de seguir la
lengua predominante entre los alumnos en el periodo de 3 a 6 años siempre y
cuando se preste mayor atención a la lengua minoritaria, con el objetivo de
"evitar el borrado del gallego" en la enseñanza, indicó Monteagudo.
También cree que en la etapa de educación infantil debe contemplarse el uso
del gallego en un tercio del horario en los ambientes castellanohablantes y la
puesta en marcha, con carácter voluntario, de programas experimentales en
gallego para éstos.
La previsión de uso libre, oral y escrito, del gallego y castellano por los
estudiantes debe ser rectificada, continúa, pues se debe utilizar la lengua en
la que se imparte la materia. Indica que la "inmersión lingüística es uno de los modelos posibles para
garantizar el mantenimiento de idiomas en situación de minoración" y ofrece "los
mejores resultados en términos de capacitación en las dos lenguas en
contacto".
"En ningún caso se deben tomar medidas que supongan pasos atrás en el proceso
de recuperación del gallego como lengua propia de Galicia, con el objetivo de
situarlo en pie de igualdad con el castellano", insiste el dictamen del CCG, que
apunta nuevamente a la Cámara autonómica al considerar que un decreto no "parece
el marco normativo adecuado para regular esta materia".
En este sentido, recuerda su propuesta al Parlamento gallego de noviembre de
2009 acerca de lograr un "amplio consenso social y político" y el "respeto al
conjunto de nuestra legislación lingüística básica", entre la que se encuentra
el Plan General de Normalización Lingüística aprobado en 2004 y ratificado en
2008, por lo que contó con el respaldo de las tres fuerzas parlamentarias.
Sobre la lengua de la Administración educativa indica que debe continuar
siendo el gallego, y acerca de la introducción de una lengua extranjera como
vehicular en un tercio del horario lectivo, medida que desaconseja por
"extemporánea" y "precipitada", opinó que requiere una regulación separada y
específica y que se debe introducir de forma gradual y voluntaria.
Además, ve "imposible hacer operativo y de forma racional" una consulta
vinculante a las familias sobre el uso del gallego o castellano como lenguas
vehiculares en algunas materias.
Se trata al fin, concluye el dictamen, de "impulsar un discurso público en el
que el idioma gallego deje de formularse en términos de problema" pues la
promoción de esta lengua es una de las obligaciones del Gobierno autonómico que,
además, no debe reducirse al ámbito educativo, asevera.