El patrón del Arosa 15 arremete contra el Gobierno español por "no haber hecho nada" para ayudarles a volver
Los tripulantes niegan las acusaciones de pesca ilegal y sobrecapturas
"El Gobierno español no ha hecho nada para ayudarnos a volver". Así de rotundo se muestra Manuel Baqueiro Portas, patrón del 'Arosa 15', ante la pregunta de si él y el resto de la tripulación se han sentido arropados por las autoridades. En su opinión, el Gobierno se contradice, pues tras haber enviado un comunicado diciendo que Noruega no puede mantener los barcos apresados, está dejando "demasiada libertad de acción" a sus autoridades. Siete de los tripulantes de los tres bacaladeros gallegos retenidos por las autoridades noruegas desde hace más de un mes bajo la acusación de pesca ilegal regresaron anoche a Galicia gracias a los turnos que la empresa armadora Transpesca ha organizado para que los que todavía no habían vuelto a Galicia puedan estar con sus familias por espacio de quince días. Tras sus primeras horas de descanso, esta mañana atendieron en Vigo a los medios de comunicación. Para el técnico de pesca del mismo buque, Jorge Lorenzo, la actuación española en este conflicto es "muy decepcionante" puesto que no se han sentido nada apoyados por las autoridades españolas que, según él mismo indica, "no han movido ni un dedo para ayudarnos". Según los tripulantes, los barcos están en posesión tanto de licencias y cuotas de pesca como de un Permiso Temporal de Pesca (PTP) que cada año proporciona la Dirección General de Recursos Marinos del Ministerio de Agricultura y Pesca (MAPA), y que es necesario para poder acudir al caladero. De ahí, la rotunda afirmación que realizan los tres "no tenemos ningún pescado ilegal a bordo". En cuanto al exceso de capturas, otras de las acusaciones que pesa sobre los bacaladeros gallegos, Jorge Lorenzo Cabaleiro reiteró la postura que desde el momento del apresamiento ha mantenido la empresa armadora, Transpesca, de que con los datos policiales de la descarga en la mano "estamos dentro de los baremos legales de la cuota otorgada". Lo que los tres repratiados siguen manteniendo es que estas diferencias constituyen "una falta administrativa". Por ello, consideran "una locura y una aberración" la sanción propuesta por la autoridad noruega. "No hay precedente alguno en la pesca de una sanción semejante", explicó Manuel Baqueiro, que lleva más de veinte años pescando en este caladero "sin ningún problema". Otros intereses Por su parte, la empresa armadora no se explica la situación a no ser que en ello existan otros intereses por parte del país nórdico. Al margen del proceso judicial que quedó fijado ayer para finales de noviembre, pesa una fianza sobre los barcos de 4,6 millones de euros. Sólo si la empresa pagase esta suma de dinero podría hacer regresar los buques a España. En cuanto al momento de la detención, Manuel Freire, capitán del 'Arosa 12', quien sufrió uno de los peores apresamientos al impedirle los guardacostas la comunicación con la empresa y con su barco gemelo hasta pasado un día después de producirse la inspección en la madrugada del 13 de julio, explicó que fueron horas duras de mucha tensión. "Fueron muy agresivos y amenazadores". Freire asegura que en tierra no hubo ningún problema y que nunca estuvieron detenidos, pero que a bordo las cosas fueron muy diferentes, "fue un asalto". Además recuerda, los problemas de comunicación que había con los guardacostas debido a que su inglés es "un poco de andar por casa". A pesar del mal trago vivido, y de la confirmación de que finalmente serán juzgados en Noruega, estos tres profesionales del mar volverán "sin pensarlo" a este país para cumplir con un trabajo que alguno de ellos lleva desarrollando más de veinte años. Juicio Transpesca lamenta que el proceso judicial no se haya desviado a España, país que, a juicio de sus representantes, debería juzgarlos al haber sido apresados estos barcos en aguas internacionales. La armadora, no obstante, no pierde la esperanza de que España, ya sea a través del Ministerio de Asuntos Exteriores o del de Agricultura y Pesca, le preste apoyo para hacer frente a la grave situación a la que se enfrenta esta empresa, que da empleo directo a 112 personas. La empresa viguesa sigue a la espera del posicionamiento del Gobierno español para que éste les avale y puedan regresar los barcos a España o les comunique la apertura de la causa en el país de origen de los barcos y, con ello, ésta se cierre en Noruega. La armadora ha trabajado y centrado sus esfuerzos en esa dirección desde que se inició la crisis y todavía espera que se cumpla la jurisdicción internacional y las normas que rigen este tipo de casos.