PARLAMENTO
El PP rechaza una ley sobre publicidad institucional por la proximidad de las elecciones
El grupo popular rechazó la toma en consideración de una proposición de ley formulada por el grupo socialista alegando que, pese a que el texto va más allá que el presentado en tiempos del bipartito y que incluye buena parte de las enmiendas que había realizado el PP, no se da el criterio de "oportunidade". El diputado popular Antonio Rodríguez Miranda justificó esta negativa alegando que el Gobierno gallego está trabajando ya en un texto en el que pretende "recoller a participación dos órganos de administración local", algo que no permite la proposición de ley de los socialistas. Además consideró que este "non é momento máis caído para iniciar o proceso con eles", dado que "os concellos están a piques de iniciar un proceso electoral".
Miranda reprochó en su intervención que el grupo socialista haya elaborado desde la oposición un texto diferente al hecho cuando estaba en el Gobierno, y aseguró que para el texto actual "fixeron moito caso á enmenda á totalidade" que presentó en el grupo parlamentario popular en la pasada legislatura. Asimismo, afirmó que la Xunta presentará un anteproyecto de ley ante el Parlamento gallego para evitar casos como los ocurridos la pasada legislatura en materia de publicidad institucional.
El autor de la proposición de ley fue el portavoz del área de institucional del grupo socialista, José Manuel Lage Tuñas, quien reprochó que la aprobación de esta ley no sea "unha prioridade" para el actual Gobierno gallego. Al respecto, recordó que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, prometieron que habría una ley de publicidad institucional "en 2010", y "aínda non se coñece ningún anteproxecto", aseveró.
A su entender, el apoyo o no de esta ley es la "proba do algodón" para el grupo mayoritario de la Cámara (el popular), y criticó que pese a "certificar que a proposición de lei era boa porque corrixía o proxecto anterior", los populares usen "o seu rodillo para seguir dando de forma discrecional axudas a medios de comunicación" en este periodo preelectoral. Reiteró que pese a prometer esta normativa para "a primeira metade da lexislatura, na primeira metade non a vai haber".
Sí apoyó esta proposición el grupo nacionalista. El diputado del BNG Alfredo Suárez Canal destacó la importancia de "dar o salto cualitativo" para dar "transparencia as relacións entre poder político e medios de comunicación", si bien reprochó que a su entender "o partido de Goberno non ten interés en regulalo". Prefiere, criticó, "o uso de recursos públicos para compartir vontades e doblegar conciencias en determinados ámbitos", recriminó.
El texto propuesto por los socialistas pretende introducir garantías en los periodos electorales y establecer limitaciones claras a la realización de actos institucionales en época electoral. Así, se pretende obligar a las administraciones públicas a ser plenamente transparentes en la contratación de la publicidad electoral y en el uso de los recursos públicos, para evitar un uso partidario de las instituciones.
Se incluyen medidas para regular las ayudas de publicidad institucional a medios de comunicación, para erradicar prácticas opacas y discrecionales en el manejo de fondos públicos.
La proposición de ley pretende, según los socialistas, poner punto y final a un sistema viciado en la actualidad, según el cual el gobierno de turno no aplica criterios objetivos y transparentes a la hora de otorgar este tipo de ayudas.
LEY DE ACCIÓN VOLUNTARIA
Por su parte, el grupo popular también rechazó la toma en consideración de la proposición de ley del BNG de acción voluntaria. La diputada popular María Seoane justificó este rechazo alegando, entre otras cosas, que la Dirección de Xuventude e Voluntariado trabaja en este texto, que se prevé esté aprobado en 2011.
La nacionalista Ana Pontón asegura que el texto elaborado por la actual Xunta es igual al anterior aunque "reducindo algún artigo" y "cambiando a organización do texto legal", por lo que opina que pasar "ano e medio" y no haberla aprobado en el Consello da Xunta para su tramitación parlamentaria demuestra la "ineficacia" del Gobierno autonómico. La socialista Silvia Fraga consieró necesario dotar de más recursos la acción voluntaria y apoyó la propuesta del BNG, que no prosperó.