MEDIO RURAL
La Xunta dejará de tener preferencia en la compra de fincas del Banco de Terras
El Gobierno gallego pretende poner en marcha una nueva ley de movilidad de tierras que «renovará totalmente»el papel del Banco de Terras de Galicia (Bantegal) para dotar de «maior eficacia» ese instrumento de alquiler de la propiedad, frenar el abandono de los terrenos y aumentar la rentabilidad de las explotaciones agrarias. El conselleiro de Medio Rural, Samuel Juárez, presentó ayer un anteproyecto de ley que pivotará sobre tres ejes principales.
A partir de su aprobación, la Xunta perderá el derecho a abortar cualquier operación de compra-venta de una finca para quedarse con ella. Como segunda novedad, los particulares podrán poner a disposición del banco todo tipo de tierras y no solo las de uso agrario. Como tercer aspecto, el Ejecutivo cederá de forma gratuita a los concellos parcelas para su disfrute.
En una comunidad en la que existe un fuerte apego a la propiedad, el hecho de que el banco de tierras pueda frustar la venta de un terreno registrado en Galicia y convertirse en dueño sólo con igualar el precio de la operación alimenta la inseguridad y, por ente, frena la comercialización. Pese a que el Ejecutivo autonómico «nunca» ejerció ese derecho de tanteo y retracto, considera que esta medida evitará que se produzcan «acordos de carácter privado» entre propietarios por el miedo a perder sus fincas.
Para fomentar la movilidad de los terrenos mediante la fórmula de alquiler, el banco de tierras pasaría a incluir no sólo parcelas de uso agrario, sino también las dedicadas al forestal, a la conservación de la naturaleza o a patrimonio histórico. Y es que muchos de los propietarios que acceden a este instrumento fueron perceptores de una herencia o forman parte de una generación que no piensa relevar la actividad en el campo, por lo que tienen interés en poner en alquiler todo tipo de superficies.
La ley de movilidad que plantea la Xunta permitirá al banco de tierras donar a los municipios fincas que la concentración parcelaria convirtió en masas comunes y que los ayuntamientos reclaman para usos sociales —deportivos o lúdicos—. En la actualidad, el órganismo público registra 395 peticiones de este tipo emitidas por concellos o asociaciones de vecinos y podrán llegar al millar a corto plazo, según datos del Bantegal. Con el actual marco legislativo, los terrenos solo pueden ser vendidos, una situación que Juárez tildó de «sinsentido» porque muchos de ellos ya están ocupados y en uso.
Con el mismo objetivo de solventar las «eivas» de acusa el actual mecanismo, el anteproyecto de ley incluye la puesta en marcha de una investigación sobre la propiedad de las tierras. La actuación permitiría localizar a los propietarios, encontrar a particulares interesados en alquirlaras o incluso realizar labores de arbitraje sobre las permutas —ahora este tipo de pesquisas están amparadas unicamente por el decreto de concentración parcelaria—.
DUEÑOS
El recorrido por las parcelas en que se divide el territorio gallego servirá además para actuar sobre los terrenos de propietarios desconocidos, una indefinición en la que están 230.000 fincas y que supone unas 5.600 hectáreas. Si en procesos de concetración parcelaria o expropiatorios se confirma la falta de dueños —suelen ser personas emigradas que tardan tiempo en volver a su lugar de origen—, los terrenos pasan a ser patrimonio del Estado. La norma de 2007 impide que esa superficie pueda sumarse al banco de tierras. Para evitarlo, la Xunta ya ha propuesto al Gobierno central la posibilidad de disponer de esas tierras «de forma transitoria» y sin que conlleve un cambiosde titularidad. Medio Rural aguarda la respuesta de Moncloa.
Medio Rural someterá el documento al Consello Agrarios el 25 de noviembre y augura un «amplo consenso» parlamentario para aprobar la ley a partir de febrero.