MEDICAMENTOS
Farmaindustria presenta un informe jurídico para rechazar el catálogo de fármacos que defiende la Xunta
Un informe jurídico elaborado por el despacho Uría Menéndez sobre la Proposición de Ley de Racionalización del Gasto en la Prestación Farmacéutica presentada por la Xunta de Galicia concluye que el Gobierno autonómico carece de competencias para aprobar las medidas contenidas en dicha norma.
El informe fue presentado en Santiago por Farmaindustria y sostiene que la legislación estatal establece que es competencia exclusiva del Estado determinar los medicamentos que son financiables con cargo a fondos públicos, así como fijar las condiciones de dicha financiación y el régimen de prescripción y dispensación de medicamentos para ser cubiertos por el Sistema Nacional de Salud.
El informe también asegura que la normativa estatal establece que la cartera de servicios de las comunidades sutónomas incluirá cuando menos la del Sistema Nacional de Salud, y que el Estado tiene la competencia exclusiva para fijar un nivel mínimo homogéneo para todo el territorio estatal en lo que se refiere a prestaciones.
Al respecto, hace hincapié en que las comunidades autónomas están facultadas para incluir en sus carteras de servicios nuevas prestaciones no incluidas en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, pero en ningún caso pueden modificar o recortar prestaciones aprobadas por el Ministerio de Sanidad para todo el territorio estatal en ejercicio de las competencias exclusivas del Estado.
Al respecto, concluye que la norma propuesta vulnera el principio de igualdad de acceso a la prestación farmacéutica y restringe, sin competencia para ello, el acceso a la prestación farmacéutica de los pacientes de Galicia, mediante la elaboración de un catálogo de medicamentos y productos sanitarios más reducido que el del Sistema Nacional de Salud.
Por último, este informe analiza las connotaciones que la proposición de ley puede tener para los profesionales sanitarios, considerando que incide en el libre ejercicio de su profesión y que vulnera su derecho a la libertad de prescripción. Así, destaca que al excluirse determinados medicamentos del catálogo de productos susceptibles de prescripción, el médico se ve imposibilitado para prescribir dichos fármacos, aunque desde el punto de vista técnico-científico considere que se trata de la opción terapéutica más adecuada para el paciente.
El director de Relaciones con las Comunidades Autónomas de Farmaindustria, José Ramón Luis-Yagüe, sostuvo que esta organización está "de acuerdo con todo lo que sea mejorar la eficiencia" y reconoció que "arrastramos un gran déficit" en materia sanitaria. Sin embargo, Luis-Yagüe entendió que esta nueva norma "rompe el sitema nacional de salud" y "supone una restricción de la libre prescripción".