CHILE
Presentan la primera querella por el incendio en la cárcel chilena que dejó 81 muertos
La familia de uno de los 81 reclusos que fallecieron este miércoles en un
incendio en una cárcel de Santiago de Chile presentó la primera querella
contra el Estado por la tragedia, mientras avanzan lentamente las labores de
identificación de los cadáveres.
La acción legal fue presentada en el Undécimo Juzgado de
Garantía de Santiago por el abogado Carlos Quezada y la madre de Diego
Portugués, uno de los presos que falleció en el incendio que se desató en la
Torre 5 de la cárcel de San Miguel, de Santiago, tras una pelea entre reos.
Diego Portugués, de 23 años, cumplía una condena de cinco años por el
homicidio de un delincuente que había ingresado a su domicilio. El joven es una de las víctimas cuyos restos aún no han sido identificados
oficialmente por el Servicio Médico Legal.
Quezada interpuso la querella por los delitos de homicidio calificado y
homicidio por omisión porque, explicó, Gendarmería (Servicio de prisiones)
incumplió una orden judicial para trasladar a Portugués a otra cárcel y decidió
internarlo en la de San Miguel, donde falleció. "El Tribunal de Garantía ordenó su traslado a la Penitenciaría (otra
prisión), pero Gendarmería nunca cumplió esa orden", dijo el letrado.
Por su parte, el fiscal jefe de la zona sur de Santiago, Alejandro Peña,
sigue con la investigación del caso y hoy interrogó a algunos de los gendarmes
de la cárcel de San Miguel.
En el Servicio Médico Legal (SML) avanzan con lentitud los trabajos para
identificar a los 81 fallecidos, debido a que algunos cuerpos quedaron
totalmente calcinados. Hasta el momento se ha identificado a 31 cadáveres y 18 han sido entregados a
sus familiares.
La identificación de los 50 fallecidos restantes será más dificultosa porque
los cuerpos quedaron calcinados y en la mayoría de los casos será necesario
realizar exámenes genéticos y de piezas dentales.
Por este motivo, el director del SML, Patricio Bustos, pidió a los familiares
de los fallecidos que entreguen muestras odontológicas o radiografías de los
reclusos y que donen sangre para las pruebas genéticas.
Las autoridades sanitarias informaron hoy que 3 de los 15 reclusos heridos
siguen extremadamente graves y 14 de ellos están conectados a respiradores
artificiales.
El subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, explicó que todos los
hospitalizados sufren problemas de asfixia por inhalación de humo y quemaduras
de las vías respiratorias. "Todos evolucionan estabilizados a pesar de que no han salido de su gravedad,
pero están evolucionando estabilizados hasta el momento", indicó Castillo.
La mayor tragedia carcelaria ocurrida en Chile avivó el debate en torno a la
mala situación de las prisiones, que en muchos casos albergan a más presos de
los que permite su capacidad.
El presidente Sebastián Piñera aseguró hoy durante la entrega del informe
"Situación de los Derechos Humanos en Chile 2010" que "la situación de
hacinamiento es definitivamente inhumana y absolutamente lamentable".
Según ese informe, la sobrepoblación en las cárceles chilenas alcanza el 55
por ciento y 23 de los 101 centros penitenciarios del país acogen al doble de
reclusos para los que fueron construidos.
En la cárcel de San Miguel, por ejemplo, había 1.961 prisioneros cuando
estalló el incendio, aunque las instalaciones eran para 1.100 reclusos.
La Iglesia católica insistió hoy en la idea de indultar a algunos presos para
solucionar el problema de la superpoblación carcelaria, como propuso meses
atrás, con motivo del bicentenario de la independencia chilena.
El Gobierno, sin embargo, rechazó esa posibilidad y consideró que no es la
solución la hacinamiento en las cárceles. "No pasa la solución del hacinamiento por un indulto cuando estamos hablando
de 54.000 personas. En realidad estamos hablando que un indulto podría
beneficiar a algunos pocos", dijo a radio Cooperativa el ministro chileno de
Justicia, Felipe Bulnes.
Bulnes instó a adoptar "medidas audaces y creativas" para solucionar el tema,
y añadió que se debería contar con "alternativas a la cárcel, de manera que
encarcelar a una persona no sea la única respuesta que ofrezca el sistema
penal".
Algunos parlamentarios de la opositora Concertación, en tanto, pidieron hoy
la renuncia del ministro de Justicia y del director de Gendarmería, Luis
Masferrer, por su responsabilidad política en lo sucedido en el penal de San
Miguel. "Por responsabilidad política el ministro de Justicia debiese renunciar",
dijo el senador socialista Fulvio Rossi, en su cuenta personal de Twitter.
En tanto, los diputados socialistas Juan Luis Castro y Denise Pascal, junto
al diputado democristiano Ricardo Rincón, pidieron la "renuncia inmediata" del
director de Gendarmería. Además, anunciaron que el próximo 14 de diciembre presentarán una solicitud
para crear una comisión investigadora en la Cámara de Diputados donde se
analicen "todos los antecedentes de lo ocurrido, antes, durante y después del
incendio".