Administración autonómica y agentes sociales prepararán el próximo año las bases de una nueva ley de accesibilidad para Galicia, con la que eliminar obstáculos a las personas que sufren alguna discapacidad e "impedir a creación doutros novos". Esta modificación normativa -con la que se actualizará un texto de 1997- es una de las 300 medidas recogidas en el Plan de Acción Integral para as Persoas con Discapacidade 2010-2013, presentado por la conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato. Entre otras novedades, prevé la ampliación del programa de respiro familiar a este colectivo y la creación de un servicio de "préstamo de axudas técnicas" en el ámbito social.
El plan, con el que se aspira a mejorar la calidad de vida de los más de 212.000 gallegos que padecen una discapacidad, implicará una inversión de 700 millones de euros entre todos los departamentos de la Xunta hasta 2013 y se articula en diez áreas de acción para avanzar hacia "unha sociedade inclusiva e integradora". "Por primeira vez dotamos a Galicia dunha ferramenta única e coordinada para a planificación e o desenvolvemento de todas as políticas en materia de atención á discapacidade", subrayó Mato, que incidió en que se trata de un documento "de consenso" elaborado con aportaciones de colectivos y de los agentes implicados en el diálogo social, además de todas las consellerías.
Las áreas en las que se prevé un mayor número de actuaciones son las de accesibilidad, formación y empleo y promoción de la autonomía personal. Para avanzar en la accesibilidad, la Xunta convocará subvenciones para adaptar restaurantes y equipamientos comerciales, y se regulará por ley el transporte público en turismos y el marítimo, además de impulsar la reforma de la norma de 1997. Así las cosas, según Mato, todos los vehículos que se adscriban por primera vez a las concesiones de transporte público por carretera tendrán que ser accesibles a personas con movilidad reducida.
En lo que respecta a la autonomía personal, los proyectos pasan por poner en marcha un servicio de ayudas técnicas, por promover nuevos sistemas de teleasistencia avanzada y ampliar la flota de transporte adaptado del 065. Además, las personas con discapacidad tendrán prioridad en los nuevos programas de alquiler de vivienda.
Bajo la premisa de que la participación social y el bienestar "empezan polo emprego", el plan contempla actuaciones en materia laboral tanto para el sector público como para el privado. En el primero, la Xunta elaborará un decreto regulador para el acceso, la promoción interna y la provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad en la Administración autonómica, además de diseñar un catálogo de puestos que tenga en cuenta las peculiaridades de los distintos grupos. Para el ámbito privado, entre tanto, se incluirán medidas de formento de la inserción laboral de estas personas en los pliegos de los expedientes de contratación de la Xunta.
SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN Y DERECHOS
Los discapacitados tendrán acceso a partir de ahora al programa de respiro familiar, reservado inicialmente para los cuidadores de mayores. Es una de las novedades previstas en el plan por la Xunta en materia de servicios sociales, junto a la creación de nuevos centros de atención y unidades especializadas.
En lo que respecta a la educación, se establecerá un reglamento sobre la atención a la diversidad y protocolos para actuar de forma coordinada con el alumnado que tenga necesidades específicas. Además, las tres universidades gallegas participarán en el programa de prácticas laborales para personas con alguna discapacidad.
El programa incluye también actuaciones en el ámbito sanitario, como la elaboración de un plan integral de atención y la publicación de un decreto regulador sobre la atención temprana. Los otros ejes de actuación son el cultural, el deportivo y el relacionado con el tiempo de ocio; la igualdad de género -empezando por un estudio-, y la protección de derechos. En esta área, Traballo avanza que se establecerá un protocolo con el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y "con outros axentes implicados" para el proceso de traslado e ingreso involuntario en centros de servicios sociales.
La conselleira incidió en que el documento es "flexible", por lo que se podrá ir adaptando para dar respuesta a las necesidades que puedan surgir durante su aplicación.