La Policía Nacional ha detenido a ocho personas en varias provincias españolas -entre ellas A Coruña-, acusadas de piratear contenidos televisivos de pago a través de internet, según informaron fuentes policiales.
Los detenidos usaban el método de pirateo conocido cardsharing. Por medio de esta modalidad -la más lucrativa y moderna de pirateo de contenidos televisivos de pago a través de Internet- los arrestados redistribuían la señal a su red de usuarios, a cambio de una cuota mensual por el acceso a sus servidores.
Hay ocho personas detenidas y otras imputadas, y se han practicado cinco registros domiciliarios, en los que se han intervenido 18 descodificadores, ordenadores y más material informático y electrónico.
La investigación se centró en un grupo de servers que operaban en las provincias de Ciudad Real, Huelva, Málaga, Murcia, Sevilla, Valladolid, Alicante, Castellón y A Coruña, y que redistribuían de forma ilícita la señal de las plataformas digitales.
Los acusados captaban a sus clientes mediante la publicación en foros de mensajes en los que ofertaban contenidos audiovisuales de pago, sin autorización de sus titulares legítimos, a cambio de una cuota mensual de quince euros.
La primera fase de esta investigación culminó en el mes de julio con la detención e imputación de más de un centenar de personas en un macrooperativo.
MODUS OPERANDI
El cardsharing alude a la distribución a través de internet de señales de televisión de pago sin la autorización de su titular, a cambio de cuotas económicas mensuales que cobran a cada uno de los usuarios suscritos.
Mediante una tarjeta legítima adjunta a un ordenador personal o dreambox conectado a internet, se proporciona la palabra de control legítimamente descifrada a otros receptores que solicitan la información. De este modo, tienen acceso a los contenidos de pago como si estuvieran empleando su propia tarjeta de abonado.
Así, por un lado se encontraban los servers, personas que accedían de forma lícita a la señal como abonados de las diferentes plataformas, pero que después redistribuían de manera ilegal y sin ningún tipo de autorización de los titulares. A cambio de este servicio, cobraban una cuota de quince euros mensuales a cada usuario.
Por otro lado, dichos usuarios accedían a la red ilícita de forma privada y restringida, gracias a referencias de abonados anteriores u otras personas que formaran parte de la red. Para visualizar el contenido de las televisiones de pago, los usuarios únicamente requerían el uso de una antena parabólica, una conexión a internet y el descodificador pirata.
A través de estas conexiones los servers transferían los archivos que permitían descodificar el contenido de pago codificado que se capta a través de la parabólica, supliendo así las tarjetas de abonado legales. El descodificador era configurado de forma remota por los servers, que controlaban de esta forma el número de clientes y la programación a la que accedían.