NUEVAS EXIGENCIAS
Las cajas en las que intervenga el Estado tendrán hasta cinco años para sanearse
La vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, garantizó que si el Estado entra como accionista en una caja, la entidad dispondrá de "hasta cinco años" para reforzar su capital, con lo que disipa el temor de CiU de que una institución pueda ser subastada precipitadamente.
Además, en declaraciones a la prensa en el Congreso tras esta afirmación, Salgado reiteró su deseo de que el PP apoye el plan para reforzar el sector financiero que el Gobierno aprobará este viernes. "Es especialmente importante que el único partido que en algún momento puede gobernar participe en decisiones importantes del sector financiero", apostilló la ministra.
Minutos antes, en respuesta a una interpelación al portavoz de ERC, Joan Ridao, Salgado dijo que el Estado "no tiene vocación de permanencia" en las entidades que reciban una inyección del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
A juicio de Ridao, las reformas del sistema financiero llevarán a un "oligopolio en el que los bancos no tendrán competidores y excluirán a sus clientes menos lucrativos", lo que acabará influyendo negativamente en el crédito. "La urgente necesidad de capital pondrá a las cajas en manos de jugadores deseosos de beneficios inmediatos y más rentabilidad", añadió el diputado de ERC.
Además, reprochó a la vicepresidenta segunda la "auténtica discriminación" que es exigir a las cajas un 10 por ciento de capital principal respecto a activos de riesgo, frente al 8 por ciento de los bancos.
Por lo que Salgado insistió en que la distinción no es por tipo de entidades, sino por la presencia o no de inversores privados y la dependencia superior al 20 por ciento de los mercados mayoristas. Pero Ridao mantiene que eso es exigir un capital "fuera del alcance" de la mayoría de las cajas y un "suicidio asistido" para las mismas, "con dinero público", y que llevará a la desaparición de la obra social.
Para defenderse de estas críticas, Salgado argumentó que la reforma pretende que las cajas puedan seguir cumpliendo con su obra social, que sólo se puede llevar a cabo cuando hay beneficios. Además, la vicepresidenta consideró que de cara a los nuevos exámenes de solvencia, previstos que se publiquen a mediados de año, "sería de desear" que, en ese momento, las entidades los pudieran resolver "sin dificultad".
En cuanto al coste para el erario público de las medidas financieras, Salgado minimizó el impacto y dijo que "apenas" llega al 1,5 por ciento del PIB y destacó que el Tesoro lleva ingresados ya cerca de 3.000 millones con las actuaciones para reforzar la liquidez. Esa cantidad es el resultado principalmente de los intereses generados con la compra a las entidades de activos financieros por parte del Estado.
Por último, ante la acusación de Ridao de que Economía "sustrae" las competencias autonómicas sobre las entidades financieras, la ministra aseguró que "la propuesta que el Gobierno va a plantear no va a alterar en nada el modelo competencial existente".
En las últimas semanas, se ha interpretado que con la posible entrada del Estado en el capital de las cajas, las autonomías podrían perder su derecho de veto de determinadas operaciones en las que se vean envueltas las entidades regionales bajo su tutela.