URBANISMO
La Xunta no pedirá que no se ejecute la sentencia sobre viviendas ilegales en Fisterra, pero analiza una posible legalización
El conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, aseguró que el Gobierno gallego "non vai pedir a non execución" de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula una docena de licencias de edificaciones ilegales en el municipio coruñés de Fisterra. Sin embargo, añadió que está analizando si las circunstancias de dotación de servicios urbanísticos han variado con respecto al momento de concesión de las licencias irregulares, para poder determinar una posible "legalización, como se está facendo no Concello de Barreiros".
Hernández respondió así a una pregunta de la diputada del BNG Teresa Táboas, quien lo instó a que "non se lle faga a Fisterra un agasallo a través de ningún convenio" como ha sucedido en la localidad lucense de Barreiros. "Agardamos que non reciba un premio polo seu mal facer no urbanismo", exhortó la parlamentaria nacionalista, además de criticar la "peor cara" del "modelo especulativo" que reflejan estos dos casos.
En su respuesta, el conselleiro afirmó que la Xunta "acata e respecta todas as sentenzas xudiciais" pero apuntó que la intención de la consellería es no instar a la demolición de las viviendas si el ayuntamiento acredita que se solucionaron los problemas que llevaron a la anulación de las licencias, como la insuficiencia de servicios existente en la zona. No se pronunció, en cambio, sobre la posibilidad de suscribir un convenio como el de Barreiros, ya que la situación está siendo objeto de estudio.
Agustín Hernández hizo hincapié en que "a potestade de facer executar as sentenzas correspóndelle, exclusivamente, aos xulgados e tribunais do contencioso administrativo". Por su parte, Teresa Táboas reclamó un nuevo modelo urbanístico que trate de "evitar os problemas" y lamentó la "voráxine" constructiva en la zona de la Costa da Morte, de la que recalcó que "desde o 2002 aumentaron un 444% as edificacións, moitas delas ilegais".