Crece el malestar de los alcaldes gallegos contra los campamentos de indignados
El futuro alcalde de Santiago, Xerardo Conde Roa, ha destapado la caja de lo truenos sobre cómo actuar ante las "acampadas" del movimiento del 15-M. Si ayer era él el que advertía de que en ciudades turísticas como Santiago estos campamentos no se podían prolongar más, ahora han sido alcaldes socialistas, como el de funciones en Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, o el de Lugo, López Orozco, el que le han dado la razón.
El alcalde de Lugo asegura que la decisión de un hipotético desalojo no se tomará, en cualquier caso, hasta la próxima semana, porque si los "indignados" levantan el campamento el próximo domingo "a lo mejor no hace falta" recurrir a esa medida.
El regidor local, que expresó cierta simpatía por ese movimiento, porque dijo que no se resigna a que "el 42% de los parados sean gente joven" o a que se diga que "estamos ante una generación perdida", también reconoció que tiene la obligación de "pensar en la ciudad".
De hecho, recordó que en el lugar en el que está instalado el campamento "juegan todos los días cientos de niños" y los domingos "actúa la banda municipal". Por eso, opina que los miembros de este movimiento a lo mejor deberían pensar que ya han cumplido "parte de sus fines". "Son cosas donde tienen que ser los propios individuos, porque parece que en ese sentido son democracia real, los que se den cuenta de que no están solos en el mundo. Pienso que eso no estaría mal", añadió el alcalde. Por eso, opina que "se podría buscar otro sitio donde todo el mundo pudiese actuar con entera libertad".
También el alcalde de Santiago en funciones, Xosé Sánchez Bugallo, ha advertido de que la protesta en el Obradoiro "ya pasa de castaño oscuro" y asegura de que el plazo marcado por ellos mismos para levantar la acampada el próximo domingo "no es prorrogable". "No estoy dispuesto a permitir que esta plaza esté en estas condiciones ni a dejarle este problema a mi sustituto", aclaró.
Recuerda que los acampados "están incumpliendo toda la normativa vigente en materia de sanidad, medioambiental, urbanística y de ocupación de la vía pública", de modo que ha presentado un requerimiento formal a la Delegación del Gobierno para resolver esta situación. "Nadie trata de convertir un problema menor en otro más grave, pero ¿qué pasa si no se van?", ha cuestionado Bugallo, para proponer, en tono irónico, cambiar "la calificación" de la Praza do Obradoiro a "camping público".
Desde la Delegación del Gobierno, Miguel Cortizo ha garantizado que "se tomarán las medidas necesarias para hacer cumplir la ley", pero ha precisado que no comparte lo declarado por Conde Roa, que afirmó que la plaza del Obradorio "no está para ser un campamento okupa". Cortizo ha desvelado que ayer habló telefónicamente con Conde Roa y que no coincide con él en el término okupa, "como tampoco parecen que coincidan otros futuros alcaldes, como el de A Coruña, también del PPdeG, que ha dicho que está dispuesto a hablar con ellos".
Tras insistir en su petición de "prudencia", ha asegurado que este asunto "se tratará de resolver de la mejor manera posible para todos respetando los derechos de los ciudadanos, incluidos los que forman parte de estas concentraciones".
Sobre si se van a adoptar medidas para el desalojo de los acampados como se va a hacer en Cataluña, el delegado del Gobierno ha precisado que "de momento no hay prevista ninguna actuación", aunque ha recalcado que "el tema se está siguiendo permanentemente y verificando que no haya alteración alguna de las normas que rigen la convivencia ciudadana".