La Xunta de Galicia ha reiterado su compromiso con la estabilidad presupuestaria y con la reducción del déficit, pero ha reclamado al Estado que le transfiera los 243 millones de euros del fondo de cooperación para garantizar el cumplimiento de este objetivo.
En un comunicado difundido hoy, la Consellería de Hacienda recuerda que Galicia ha sido una de la tres comunidades "con mejor comportamiento" en este aspecto durante los primeros meses del año y que ha sido una de las dos únicas comunidades autónomas que han cumplido estos objetivos en 2009 y 2010.
Sin embargo, la Xunta advierte de que no puede ajustarse este año a su objetivo del 1,3 % de déficit si el Estado insiste en no transferir en este ejercicio los 243 millones de euros correspondientes al fondo de cooperación, en el marco del sistema de financiación autonómica.
Según la Consellería, el "incumplimiento reiterado" del modelo de financiación autonómica puede poner en riesgo los objetivos para 2011.
La Xunta resalta su "lealtad institucional", que se completará en las próximas semanas cuando Galicia se convierta en la primera autonomía que limitará por ley el crecimiento del gasto en los períodos de bonanza y en fijar cada ejercicio un techo de gasto que tendrá que aprobar el Parlamento autonómico, una norma que está en tramitación en la Cámara y que será aprobada en las próximas semanas, debido a la mayoría del PP.
El Ejecutivo gallego reclama para este ejercicio 805 millones de euros por el "incumplimiento" del nuevo modelo de financiación autonómica, "el primero en el que se comienza a ver el alcance del nuevo sistema y sus implicaciones".
Según la Xunta, el montante global de incumplimientos para Galicia supone 228 millones de euros, a los que habría que añadir 243 millones del Fondo de Cooperación "que el Gobierno se niega a transferir este año pese a que sí lo hizo en 2010".
El Ejecutivo autonómico asegura que no va a renunciar a estos fondos "por responsabilidad", y entiende que puede llegar a un acuerdo con el Gobierno central en el marco de la Comisión Bilateral solicitada por la Xunta y que tiene que convocar el Estado.