El presidente de la ONG Salvemos Pontevedra, Francisco Díaz, ha hecho pública una sentencia de la Audiencia Nacional que obliga al Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino (MARM) a incoar el expediente de caducidad de la concesión de la planta de Ence en Lourizán, junto a la ría de Pontevedra.
La resolución, recurrible ante el Tribunal Supremo, condena a la administración a "adoptar todas las medidas legalmente contempladas para la paralización de las actividades y suspensión del uso y explotación de las instalaciones que correspondan, todo ello sin perjuicio de las consecuencias que puedan derivarse de la incoación del procedimiento de caducidad".
La sentencia responde así al silencio de Medio Ambiente, que no contestó a una reclamación de Salvemos Monteferro de 2005, en la que la ONG aseguraba que Ence carece de concesión válida, y que el permiso que la empresa esgrime para operar en dominio público se extinguió durante los cambios de titularidad de la pastera.
La Audiencia entiende que el silencio de Medio Ambiente debe interpretarse como una resolución favorable a la asociación ecologista y rechaza los argumentos tanto de la empresa como del Abogado del Estado.