POLITICA COMERCIAL
La Xunta exigirá un plan integral de movilidad que garantice la circulación para instalar nuevos centros comerciales
La Consellería de Economía e Industria exigirá a las superficies comerciales de más de 2.500 metros cuadrados que presenten un estudio integral de movilidad con un análisis de las infraestructuras y medios de transporte en el que se “garantice” la accesibilidad de los consumidores a las instalaciones.
En este informe deberán informar del tráfico existente en la zona en hora punta y estimar el incremento de los desplazamientos que generará la nueva superficie, así como de la capacidad de las infraestructuras y de los medios de transporte existentes para absorberlos. Éste es uno de los requisitos que deberán cumplir los establecimientos comerciales para obtener la autorización autonómica, obligatoria para poder operar junto con la licencia municipal.
El conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, presentó el decreto que regula el procedimiento para obtener la autorización de la Xunta, un texto que desarrolla la Lei do Comercio Interior de Galicia aprobada por el Parlamento en diciembre y da cumplimiento a la directiva comunitaria para la liberalización del mercado.
Tras experimentar “un desarrollo no planificado y casi descontrolado” en la pasada legislatura, el titular del departamento confirmó que la Xunta ha recibido seis solicitudes para la instalación de nuevos centros en Ferrol, Santiago, Oleiros, A Coruña, Vilanova de Arousa y Lugo. Hoy en día, la comunidad cuenta con 240.905 metros cuadrados de superficie expositiva y de venta, de la cual “casi la mitad fue autorizada entre 2005 y 2009”, con la concesión de 17 licencias. Como consecuencia, entre esos años la superficie comercial creció “casi cuatro veces más que la media del conjunto de España”. “Esto no es planificación”, argumentó el conselleiro, poniendo como ejemplo el crecimiento desaforado de las grandes superficies en A Coruña.
En este escenario, el objetivo de la Xunta es impulsar un desarrollo “racional y equilibrado”, apoyando “ao pequeno comercio de proximidade” aunque sin “restrinxir” la implantación de nuevas áreas. “Non se discriminará a ninguén”, insistió Guerra, quien salientó que en la comunidad cerca de 54.000 negocios se dedican al pequeño comercio, un sector que da empleo a 110.000 personas.
AUTOBUSES CADA HORA Y APARCAMIENTOS
Con todo, los nuevos proyectos deberán cumplir una serie de exigencias. Además de adecuarse a las directrices de ordenación del territorio y de la obligación de presentar un estudio de movilildad, los promotores deberán garantizar la existencia de autobuses que pasen “como mínimo cada hora”, conectando con los principales núcleos urbanos. Dado que se “valorará” el fomento de la disminución en el uso del vehículo privado, también se tendrá en cuenta el impulso del uso de los carriles bici. Para facilitar la fluidez del tráfico, los centros deberán contar con una plaza de aparcamiento por cada 20 metros cuadrados de superficie útil.
En materia ambiental, los establecimientos deberán disponer de un punto de recarga para vehículos eléctricos por cada 800 metros cuadrados, al tiempo que se les exigirá la cualificación de eficiencia energética del proyecto de la letra B “como mínimo”.
Acompañado por la directora xeral de Comercio, Nava Castro, el conselleiro también indicó que será obligatoria la presentación de un plan de gestión de almacenamiento de residuos, además de incluir la previsión de alternativas para la reducción de los kilómetros de transporte de mercancías, mediante la contratación de subministradores locales.
SALAS DE LACTANCIA, LUDOTECAS Y GUARDERÍAS
En cuanto a las medidas de carácter laboral, se exigirá una memoria en la que se consigne los empleos que se prevén generar, con la indicación del personal total y de las modalidades de contratación.
Otra de las novedades será la existencia de salas de lactancia, ludotecas y guarderías en los centros comerciales, al tiempo que se “valorará de forma muy positiva” la adopción de medidas de carácter social. La defensa de los derechos de los consumidores será otro pilar, de modo que la Xunta tendrá en cuenta la adhesión al sistema arbitral de consumo.
Con el objetivo de que los afectados puedan presentar alegaciones, la orden estará expuesta hoy mismo en el web de la consellería (http://economiaeindustria.xunta.es).
En la línea de facilitar el procedimiento administrativo, con este decreto se incorporará un trámite de información pública, publicando los proyectos en el DOG y en un diario de máxima difusión. También se dará audiencia a los municipios limítrofes y a aquellos en los que se proyecte la implantación de un centro y la notificación. La resolución del procedimiento de concesión se hará en seis meses, según apuntó el conselleiro.