Admitido a trámite el recurso de la Xunta contra el decreto de recapitalización de las cajas
El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Xunta en mayo contra el decreto de reforzamiento del sector financiero, la norma que el Gobierno central aprobó en febrero imponiendo mayores exigencias de solvencia a las cajas, lo que abocó a la bancarización de Novacaixagalicia.
Según publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE), el alto tribunal admitió la impugnación presentada por el Ejecutivo gallego, que alegó que la norma “invade competencias autonómicas”. En este sentido, la Xunta considera que el texto“vulnera” el Estatuto de Autonomía, que en su artículo 30 recoge el control de la Administración gallega sobre las cajas de ahorros.
Tras la reunión del Consello da Xunta, el mandatario gallego, Alberto Núñez Feijóo, apuntó que la resolución del conflicto aún se demorará, pues “dende que se inicia o trámite ata a sentencia poden pasar anos”. En todo caso, defendió que el Ejecutivo esperará al fallo del alto tribunal, convencido de que el decreto “ten visos de inconstitucionalidade”, al establecer diferencia en el nivel de capital principal “esixido ás caixas e aos bancos” y porque “entra en competencias” estatutarias. A juicio de Feijóo, una sentencia favorable supondría reducir la captación de capital adicional, lo que se traduciría en “menos Frob ou menos fondos privados”.
En su día, la Consellería de Facenda señaló como problemáticos siete aspectos de la norma. En primer lugar, los servicios jurídicos de la Xunta no vieron “xustificada” la urgente necesidad en los plazos impuestos a las entidades para elevar su capital. En esta línea, el Constitucional deberá determinar si el Gobierno central contravino el principio de seguridad jurídica y el que fija la “irretroactividade das normas xurídicas”. Por otra parte, Facenda vio conculcada “a igualdade” de las cajas, al entender que el decreto las discrimina frente a los bancos. Las tres últimas patas que sustentaron la determinación de la Xunta fueron la supuesta “vulneración” de competencias autonómicas y de la “liberdade de empresa” y el ejercicio de supuesta arbitrariedad por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), al limitar a las cajas catalanas al acceso a una ampliación de los créditos pedidos en 2010 para impulsar las fusiones como vía para reforzar sus reservas.
Se trata de la segunda vez que Galicia acude al Constitucional, después de impugnar en marzo de 2010 la constitución del Frob, al entender que su reglamento invadía competencias de las comunidades, por eliminar la capacidad decisoria de los gobiernos autonómicos a la hora de autorizar fusiones. Desde que a finales de abril del año pasado el TC admitió a trámite la demanda gallega, unificándola con las presentadas por Cataluña, Extremadura y Madrid, nada se ha vuelto a saber.
En esta ocasión, la decisión del alto tribunal coincide con el proceso de recapitalización de Novacaixagalicia, que hoy mismo aprobará su conversión en NCG Banco, proyectando elevar su solvencia hasta el 10% en septiembre. Para ello deberá sumar 2.622 millones de euros a su capital principal, que el Banco de España situó en marzo en 2.851 millones, equivalente a un ‘core capital’ del 5,21%.
En cuanto a los efectos de la decisión del Constitucional, habrá que esperar a la sentencia, pues sólo los recursos planteados por el Gobierno central contra las comunidades autónomas producen la suspensión de la disposición o resolución recurrida.