Farjas cree que el Gobierno no defendió los intereses de la sanidad pública
La conselleira de Sanidad, Pilar Farjas, consideró que el levantamiento por el Tribunal Constitucional de la suspensión del catálogo de medicamentos gallego demuestra que el Gobierno central no defendió los intereses de la sanidad pública al recurrir esta medida.
Farjas valoró en conferencia de prensa la decisión del alto tribunal, que puso fin a la suspensión del catálogo priorizado de medicamentos de Galicia, que tiene como objetivos "gestionar mejor los recursos y proteger la sostenibilidad financiera del sistema sanitario público de Galicia", manteniendo "las mismas coberturas terapéuticas que el resto de España, como siempre mantuvimos".
En su opinión, el levantamiento de la suspensión, decidida a principios de marzo, "demuestra que la Xunta tomó siempre las decisiones poniendo por encima la defensa de los intereses públicos de los ciudadanos y no los intereses particulares de las multinacionales farmacéuticas".
La responsable de Sanidad resaltó que en el auto se constata que la abogacía del Estado "no aportó ninguna prueba de que con la aplicación del catalogo priorizado de medicamentos de Galicia se produjera ningún riesgo en la protección de la salud de los ciudadanos".
Pilar Farjas explicó que el auto del TC constata que "es indiscutible que la sostenibilidad del sistema sanitario impone a todos los poderes públicos la necesidad de adoptar medidas de racionalización y de contención del gasto farmacéutico".
La conselleira explicó que éste "es uno de los principales gastos sanitarios y en el que más se puede incidir en políticas de control del mismo".
Recordó que en el período de aplicación, el catálogo produjo un ahorro de 9 millones de euros mensuales e informó de que esta cifra se elevó a 50 millones al comparar el gasto de los primeros cinco meses del año anterior y el mismo período del actual.
"Por lo tanto -subrayó-, Galicia camina indiscutiblemente por la senda de protección de la sostenibilidad financiera del sistema sanitario público y demuestra que, cuando hay decisiones, es posible tomar medidas responsables y a tiempo".
Además de los profesionales sanitarios, Farjas señaló que, "desde el primer momento, los gallegos entendieron la necesidad de que, ante dos medicamentos que curan lo mismo, es responsable optar por el más eficiente y no despilfarrar el dinero público".
En su opinión, y ante una situación de grave crisis, "tomar medidas como esta de Galicia es defender la sanidad pública, es blindar los servicios públicos, es proteger las prestaciones y es posibilitar la realización de nuevas infraestructuras necesarias para la mejora de los servicios sanitarios".
La conselleira de Sanidad informó también de que había dado las instrucciones precisas para que el catálogo vuelva a entrar en vigor y de que continuarán con los trabajos que quedaron paralizados a finales de febrero.
Preguntada por el coste de la suspensión, en términos de reducción del ahorro que se procuraba con el catálogo, no facilitó una cifra y se remitió a un análisis económico más detenido.
Sobre si la decisión del TC podría indicar la dirección que adoptará el tribunal sobre el fondo de la cuestión, dijo que no es de su competencia "prejuzgar ninguna decisión de los tribunales" e insistió en que, tras el auto, la Xunta continuará "trabajando en la aplicación de medidas de eficiencia que permitan garantizar nuestra sanidad pública desde el criterio básico de cumplimiento estricto y puntual de todas las leyes".