El paquete de ajustes en el empleo público autonómico salió aprobado, como estaba previsto, tras su paso por el Consello da Xunta. Sin embargo, lo hizo con varias modificaciones respecto al texto presentado la jornada anterior a los sindicatos. En primer lugar, los ajustes tienen ahora un horizonte temporal: dos años de partida -2012 y 2013- y, a partir de ahí, se revisarán en función de la evolución del PIB de la comunidad. Además, la Xunta será "más exigente con los directivos", ya que el Gobierno gallego quedará habilitado para poder revisar sus retribuciones y las dietas que cobran por adquirir a consejos de administración de entes públicos.
Las medidas serán variadas si mejoran las condiciones económicas de la comunidad (como mínimo, deberá haber un incremento del PIB), según confirmaron el presidente Alberto Núñez Feijóo y la conselleira de Facenda, Elena Muñoz. Ambos insistieron en que el proyecto de ley -que ahora deberá pasar por la preceptiva tramitación parlamentaria- es "non só necesario" sino "imprescindible" para no tener que aplicar la tijera en el gasto público o en los salarios del personal dependiente de la Xunta.
"Somos conscientes de que supone un esfuerzo pero evita medidas más drásticas", defendió Feijóo, quien subrayó que Galicia se evita "la bajada de salarios que se da en otras comunidades con más riqueza que Galicia, como Cataluña o Valencia". Además, aludió al ahorro previsto de unos 80 millones de euros (la cifra será revisada tras los últimos cambios en el proyecto).
En relación a las medidas sobre los directivos, Feijóo destacó la supresión temporal del plus de altos cargos -"que se cobra en toda España"- y la novedad introducida en el proyecto de ley para poder revisar sus retribuciones. En esta línea, Feijóo y Muñoz explicaron que ahora se abre un periodo en el que analizará los sueldos y dietas actuales "en base a parámetros objetivos", y en las próximas semanas Facenda presentará ante el Consello da Xunta una propuesta retributiva.
El texto contempla la posibilidad de reducir la jornada laboral, y Elena Muñoz incidió en que, en el caso de los funcionarios, esta medida no se aplicará de forma automática "en ningún caso". Los interinos, sin embargo, podrán ser objeto de un recorte en su jornada, aunque "siempre de forma motivada y en un máximo de un tercio de la misma", según explicó la conselleira.
Por su parte, Feijóo puntualizó que esta última posibilidad será "excepcionalísima" y que no afectará al ámbito educativo o sanitario.
Mientras en el exterior de San Caetano tenía lugar una concentración de protesta, la conselleira de Facenda y el presidente defendieron la voluntad negociadora de la Xunta. "Nos encontramos una y otra vez con la negativa de las organizaciones sindicales a valorar el texto", señaló Elena Muñoz, mientras Alberto Núñez Feijóo calificó de "sorprendente" la postura de los cuatro sindicatos de "no querer negociar". Ante esto, expuso, "los Gobiernos tienen que gobernar, son legítimos".
AJUSTES
El anteproyecto de ley autorizado se aplicará a todo el personal dependiente de la Xunta -unos 90.000 empleados públicos- e incluye medidas como la reducción de los días de libre designación (de nueve a seis), la suspensión del plus de altos cargos, la jubilación forzosa "excepto en casos motivados", la generalizacón de una jornada laboral de 37,5 horas semanales o los cambios en el complemento por incapacidad temporal. A partir de la tercera baja anual no se cobrará hasta el día 21.
Los responsables autonómicos incidieron en que el paquete de medidas aprobado es clave para hacer frente a la "compleja" situación económica actual, aunque Feijóo aludió a la necesidad de "poner en valor lo que hacemos bien". A este respecto, y en referencia a la "solvencia de la Hacienda autonómica" o al empleo, el presidente gallego señaló que "estamos mal, sí, pero menos que la media de España".