PLAN DE PAGOS
Los ayuntamientos deben presentar sus facturas pendientes antes del 15 de marzo
Poner "orden". Es lo que busca el Ejecutivo al tratar de conocer la cuantía de la deuda por facturas pendientes de los ayuntamientos con pymes y autónomos. Un paso previo para aprobar el mecanismo financiero que les garantice el cobro de dichas de deudas. De este modo, las corporaciones locales deberán enviar a Hacienda antes del 15 de marzo las facturas pendientes con los proveedores y tendrán que remitir un plan de ajuste antes del 31 de marzo.
El nuevo sistema de financiación de impagados tendrá en cuenta como
prioridad para su cobro la antigüedad de la factura y el descuento
ofertado sobre el importe principal de la obligación pendiente de pago.
El Gobierno se ha propuesto evitar la morosidad de las administraciones públicas. Por este motivo, el Consejo de Ministros ha aprobado este viernes que los ayuntamientos tendrán que suministrar al Ministerio de Hacienda con anterioridad al 15 de marzo el listado de facturas pendientes de pago con los proveedores hasta el 31 de diciembre de 2011.
Asimismo, la vicepresidenta primera y portavoz del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que las corporaciones locales también tendrán que remitir antes del 31 de marzo un plan de ajuste que les permita hacer frente en el futuro al pago de dichas deudas.
De esta manera, el Ejecutivo trata de poner "orden" y busca conocer la cuantía de la deuda por facturas pendientes y que las administraciones públicas se sometan a un plan de viabilidad para cumplir con estas obligaciones, como paso previo para aprobar el mecanismo financiero que garantice a pymes y autónomos el cobro de estas deudas.
Junto con ello, Sáenz de Santamaría ha adelantado una modificación "temporal y puntual" de la normativa para permitir el establecimiento de garantías del Estado para hacer frente al pago de las deudas con los proveedores. En este punto, la portavoz del Gobierno ha recordado que la legislación actual no permite que la Administración Central pueda aportar garantías a operaciones de esta naturaleza.
Una vez que se den estos pasos, se establecerá el mecanismo financiero que se pondrá en marcha para hacer frente a estos pagos, mecanismo que Sáenz de Santamaría no ha concretado, como tampoco la cifra que baraja el Ejecutivo sobre a cuánto asciende la deuda comercial de las administraciones públicas.
APOYO A LAS PYMES Y A LOS AUTÓNOMOS
En cualquier caso, ha asegurado que la Comisión Delegada para Asuntos Económicos estudiará en un "plazo breve" y con "agilidad" dicho instrumento financiero, y que se hará de tal manera que no suponga "mucha complicación" para las pymes y autónomos con deudas pendientes de pago y con "el menor impacto económico" en las cuentas públicas.
"Es una medida que está pensada para la muy delicada situación de las pymes y autónomos que se ven en condiciones muy difíciles por la morosidad de las administraciones públicas", ha subrayado la vicepresidenta, tras afirmar que el Gobierno pretende clarificar esta situación "de una vez por todas".
Respecto al instrumento financiero para facilitar el pago de las deudas con proveedores por parte de las comunidades autónomas, Sáenz de Santamaría se ha limitado a indicar que en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera se analizará con los gobiernos autonómicos.
La medida, aprobada este viernes en el Consejo de Ministros, ha sido calificada de "contundente" por el presidente de Cepyme y vicepresidente de la CEOE, Jesús Terciado. Terciado ha asegurado, en declaraciones a Europa Press Televisión, que se trata de una medida "muy esperada" puesto que la situación actual "se ha ido agravando a lo largo de los años de crisis sin dar ninguna solución".
En consecuencia, y según cálculos medios ofrecidos por Cepyme, han caído, aproximadamente medio millón de empresas y la mitad de ellas a causa de la morosidad de las administraciones públicas y de los ayuntamientos y comunidades autónomas.
