GALICIA

El PP gallego desoye a los funcionarios y aprueba en solitario los recortes

Con una multitudinaria protesta ante la entrada de la sede parlamentaria como fondo, la mayoría del grupo popular se impuso para sacar adelante el proyecto de ley de recortes temporales a los empleados públicos de la Xunta, que fue defendido por la conselleira de Facenda como "necesario, oportuno e imprescindible". Enfrente, PSdeG y BNG cargaron contra el "fraude de lei" que supone la tramitación elegida -de lectura única- y contra el contenido del texto, "que conculca dereitos básicos".

"Non utilicen a maioría absoluta para convertirla en poder absoluto", exhortó el nacionalista Alfredo Suárez Canal en el debate inicial de aceptación del trámite de urgencia, opción que fue calificada de "intento de decreto lei que fuxa de calquera tipo de diálogo" por el socialista José Manuel Lage Tuñas. Sus peticiones, sin embargo, no tuvieron eco en las filas populares, desde las que el diputado Antonio Rodríguez Miranda defendió el "axuste a dereito" del procedimiento, acreditado --argumentó-- por el informe de todos los letrados de la Cámara.

Ya en el propio debate de la ley --que estuvo precedido por el desalojo de los representantes sindicales invitados en la tribuna, que mostraron carteles contra los recortes--, la titular del departamento autonómico, Elena Muñoz, aseguró que las medidas "supoñen certo sacrificio pero non afectan ás retribucións". Las únicas que se verán afectadas, afirmó, son las de los altos cargos y directivos de entes públicos.

La conselleira incidió en que la ley "dá resposta" a los cambios de los últimos meses en las previsiones económicas, que se traducen "nunha importante baixada dos ingresos que recibimos as comunidades autónomas". Además, señaló que las medidas adoptadas habrían sido "máis profundas se o Goberno galego non tivera feitos os deberes desde o 2009". En esta línea, defendió la necesidad de rebajar los gastos de personal de la Xunta, que suponen el 40% de los presupuestos y se sitúan en 3.615 millones este año.

Muñoz señaló que no son "as primeiras medidas que afectan ao gasto de persoal" y aludió a la reducción del número de consellerías, entre otras cuestiones. Frente a las críticas de la oposición, proclamó "a vontade expresa de negociación" de la Xunta y consideró el proyecto de ley como "o máis favorable dos adoptados noutras comunidades autónomas". También incidió en el carácter temporal de las medidas, que serán revisadas dentro de dos años y se podrían eliminar en función "da evolución do PIB real e do aforro primario dos orzamentos".


"CÁRGANSE A MONTESQUIEU"

Desde las filas del BNG, Alfredo Suárez Canal alertó de que "os dereitos dos traballadores e os seus salarios non teñen a culpa da crise" y censuró que la ley permite "discrecionalidade" a la Xunta en las reducciones de jornada o las jubilaciones. "O PP goberna por decreto e cárganse a Montesquieu", acusó, y alertó del "atentado" que supone la aprobación por urgencia de la ley, ya que no se han dado circunstancias excepcionales en enero que justifiquen variar los presupuestos de la Xunta para 2012, aprobados en diciembre.

De hecho, achacó el caso a las "miras electorais" del PPdeG, ya que cuando presentaron el proyecto de presupuestos "había eleccións <20-N> e non había que desvelar todo". Para el parlamentario nacionalista, "cando hai crise aparece o ADN das forzas políticas", en el caso de los populares "furtando acordos que se conseguiron despois de anos de negociación".


"POÑER UNHA MORDAZA"

El socialista José Manuel Lage Tuñas acusó a la Xunta de "criminalizar aos empregados públicos" y censuró que el trámite de lectura única supone "intentar poñer unha mordaza" al Parlamento. El diputado del PSdeG ve en la propuesta "unha fuxida cara adiante de Feijóo" y la circunscribió en "trasfondo ideolóxico claro de deterioro dos servizos públicos".

Lage Tuñas alertó de que el proyecto de ley se traducirá en una disminución de la calidad de los servicios, por ejemplo a través de la no cobertura de bajas, y criticó la "ideoloxía reaccionaria" de los populares. Según expuso, ha quedado en evidencia el "Goberno sen rumbo de Feijóo" y abogó por iniciativas de reducción del gasto como la supresión de las delegaciones o el combatir "o despilfarro de manter oficinas no exterior por 18 millóns".


"VOLTA AO ESTATUS INICIAL"

En defensa del proyecto, el diputado del PPdeG Antonio Rodríguez Miranda justificó su urgencia en que "no mes de xaneiro dixóselle ás comunidades autónomas que tiñan que facer un plan de reequilibrio pola diminución dos ingresos" y defendió que las medidas "si garantizan a volta ao estatus inicial" de los funcionarios. También señaló que el proyecto "cumpre" con las premisas necesarias y que el Ejecutivo autonómico no puede hacer decretos-ley.

El debate de esta mañana estuvo rodeado de polémica ya desde el arranque, en el que los portavoces de los grupos socialista y nacionalista reclamaron que se retirase para poder introducir cambios. Lo pidieron sin éxito, y el portavoz del grupo popular, Pedro Puy Fraga, los acusó de "intento de filibusterismo parlamentario". En el exterior de la Cámara, más de un millar de personas reclamaron la retirada del proyecto, coreando lemas como 'Feijóo, cretino, traballa de interino', 'Menos cacareo y más empleo' o 'Aí está, a cova de Alí Babá'.

El proyecto de ley --que entrará en vigor de forma inminente, tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia-- afecta a unos 90.000 empleados públicos e incluye medidas como la reducción de los días de libre designación (de nueve a seis), la suspensión del plus de altos cargos, la jubilación forzosa "agás en casos motivados", la generalización de una jornada laboral de 37,5 horas semanales o los cambios en el complemento por incapacidad temporal. A partir de la tercera baja anual no se cobrará hasta el día 21.

Las medidas tienen carácter temporal y serán revisadas dentro de dos años, y se mantendrán o no en función de la evolución del IPC y el ahorro primario en los presupuestos. El proyecto también incluye la suspensión temporal del plus de altos cargos y recoge que el Consello da Xunta quedará habilitado para poder revisar las retribuciones de los directivos de entes instrumentales y las dietas que cobran por asistir a consejos de administración.