Detenidas 24 personas que introducían a inmigrantes ilegales en Vigo y otras cinco ciudades españolas

La policía ha desarticulado una red de 24 personas que introducía en España a inmigrantes brasileños, ucranianos y guineanos con identidad portuguesa falsa para trabajar en la construcción. Los trabajadores irregulares eran contratados a través de varias empresas del país vecino, que a su vez, eran subcontratadas por otras compañías españolas. Los inmigrantes trabajaban en las ciudades de Vigo, Sevilla, Málaga, Oviedo, Segovia y en la isla de Gran Canaria. Según informó la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, en la operación han sido arrestadas diez personas, entre los que figuran los titulares, responsables y gerentes de la empresa. Se les acusa de los presuntos delitos de asociación ilícita, contra los derechos de los trabajadores y falsedad documental. También han sido detenidos catorce inmigrantes que se encontraban en situación irregular. Uno de los arrestos tuvo lugar en Vigo, donde fue detenida una persona de nacionalidad portuguesa. El principal responsable de la red, el también portugués Rogelio A. M., fue apresado en Málaga, junto con un colaborador suyo. Mientras, en Las Palmas fueron detenidos seis españoles y, en Asturias, dos brasileños. Por el momemto, no se descartan nuevas detenciones ya que la operación continúa abierta. Las investigaciones que llevaron a la desarticulación de la red -formada por españoles, brasileños y portugueses- comenzaron en noviembre de 2005 por un control de extranjería en un hostal de Las Palmas. Allí se detectó la presencía de numerosos brasileños con 'permisos de permanencia' de Portugal, una documentación insuficiente para trabajar en España. Los extranjeros, que alegaron que se dedicaban a la construcción y que habían sido contratados por una empresa portuguesa, no disponían de permiso laboral. Los investigadores localizaron varias obras en distintas provincias en las que trabajaban los inmigrantes, lo que puso al descubierto la red. Los operarios trabajaban en la construcción y en la reparación de muebles sin tener permiso de residencia ni estar dados de alta en la Seguridad Social, simulando que ya lo habían hecho en Portugal. Según las autoridades portuguesas, las empresas sólo habían dado de alta en la Seguridad Social a ocho operarios, mientras que la Policía española indicó que unos mil obreros trabajaban para esas compañías.