La reforma de la Lei de Función Pública reducirá la libre designación a cargos directivos o secretarías

La oposición considera "parcial" la modificación, que hará obligatoria como mínimo una prueba en gallego

El conselleiro de Presidencia, José Luis Méndez Romeu, afirmó que la modificación de la Lei de Función Pública impulsada por el Gobierno gallego incrementará la profesionalización de la Función Pública ya que reduce los puestos de libre designación y los convierte en "nun mecanismo residual". Durante su intervención en el seno de la Cámara gallega, que acogió el debate sobre el proyecto de ley de modificación de la actual normativa vigente desde el año 1988, el conselleiro afirmó que la iniciativa impulsada por su departamento cuenta con el "pleno respaldo" de las organizaciones que representan "a todos os traballadores" y que llega a dar respuesta a una serie de "medidas inaprazables". Para Méndez Romeu existen carencias en la Función Pública de la Comunidad que es necesario empezar a desarrollar para iniciar después el proceso de redacción de una norma "máis ampla" y de carácter "máis estructural" y con mayor vigencia en el tiempo que quedará establecido por la aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público en las Cortes estatales. Entre estas necesidades "inaprazables", el titular de Presidencia hizo alusión a necesidad de mejorar la profesionalización de la Función Pública. En este sentido, recordó que según establece el nuevo proyecto sólo se podrán cubrir por libre designación los puestos de subdirectora o subdirector xeral, secretarías de altos cargos así como aquellos de carácter directivo o de especial responsabilidad. Además, la ley garantiza la periodicidad anual de los concursos de promoción interna como "instrumento básico" en la "motivación" y "capacitación" con una reserva de plazas mínima del 25 por ciento y eliminando el máximo actual del 50 por ciento. La reducción de la temporalidad -"incompatible" con un servicio "de calidade" a la ciudadanía- será, según explicó Méndez Romeu, otra de las grandes ventajas que introduce esta modificación normativa. El conselleiro afirmó que actualmente hay en la comunidad -excluyendo docentes, personal sanitario y personal al servicio de la Admnistración de Xustiza- 9.165 funcionarios con una tasa de temporalidad del 11 por ciento y 7.535 contratados laborales con una tasaa de temporalidad del 18 por ciento. Estos datos implican una medida de temporalidad del 14,5 por ciento, es decir, 1 de cada 7 empleados públicos tiene un contrato temporal, de interinidad o de otras modalidades. Ejes de reforma José Luis Méndez Romeu destacó que, además de la reducción de la temporalidad, la modificación hace especial hincapié en medidas de conciliación de la vida familiar y laboral y prevé el traslado de las funiconarias víctimas de violencia de género mejorando su regulación estatal al considerar este traslado como "forzoso. La modificación introduce además, según explicó Méndez Romeu, "medidas sociais" para facilitar el acceso al empleo público de las personas con discapacidad marcándose como objetivo alcanzar la cifra del 2 por ciento del empleo público para las personas con discapacidad. En el ámbito de la lengua, dispone que en las convocatorias de procesos selectivos se establezacan una o más pruebas que tendrán que realizarse exclusivamente en lengua gallega. Tras explicar estas medidas, el conselleiro concluyó que significa la "modernización" de la Función Pública, que desde su punto de vista debe ser "obxectivo permanente" de toda Administración pública. "Insuficiente" e "inadecuada" El grupo parlamentario popular criticó duramente esta propuesta de la Xunta y solicitó una enmienda a la totalidad del proyecto de ley que fue rechazada por nacionalistas y socialistas. Así, a través del diputado Antonio Rodríguez Miranda, los 'populares' aseguraron que la "reforma parcial" que propone el departamento de Méndez Romeu es "insuficiente" en este momento y pidieron la devolución del texto y la creación de una ley "íntegra, ampla e consistente" que de solución "real" a las necesidades de los empleados públicos gallegos. Rodríguez Miranda subrayó que el Consello Económico Social (CES) apoya esta visión y concuerda en la idea de que si esta modificación se suma a las 15 anteriores que registra la ley de 1988 se convertirá en una norma "confusa" y de "difícil acceso" para las personas interesadas". Asimismo, los 'populares' propusieron a la Xunta paralizar esta reforma hasta que entre en vigor el Estatuto Básico del Empleado Público a nivel estatal, que según el PPdeG "podería tardar 2 meses" y que será de "obrigado cumprimento" para todas las Administraciones. En este sentido, se dirigió al conselleiro y añadió que "esto non só o pedimos nós senón tamén as organizacións sindicais". Por su parte, nacionalistas y socialistas manifestaron su postura a favor de esta modificación y recordaron al PPdeG que se trata de una reforma parcial de la normativa, al igual que las 15 realizadas anteriormente por los 'populares'. "Hai que ter un criterio moi destemido para non apoiar esta modificación cando vostedes fixeron 15", subrayó el diputado nacionalista Pablo González Mariñas.